La ampliación pende de un hilo

Mientras que el oriolano pretende que la ampliación sirva para diluir el capital social del club que tiene De la Vega después de que el TAS le diera la razón para que sean inscritas a su nombre las acciones del equipo pimentonero que tenía en su poder Raúl Moro, el mexicano ha ideado una estrategia judicial para impedir que eso suceda.

La publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) es el primer paso de la ampliación, algo que ayer no se había producido a pesar de que desde el equipo de Gálvez se dijo que el proceso empezaría a mediados de septiembre.

De la Vega tiene cuatro abogados trabajando para él en los distintos frentes que tiene abiertos para recuperar el control en el Real Murcia. Uno de los pasos que ha dado el mexicano es iniciar en un juzgado de lo Mercantil el procedimiento de impugnación de acuerdos sociales para que la ampliación de capital que salió adelante en la Junta del 4 de septiembre no se lleve a efecto. La intención de De la Vega es lograr una medida cautelar que paralice el proceso aprobado.

En el supuesto de que los tribunales no se pronuncien sobre esta cuestión antes de que la ampliación aparezca publicada en el BORM, los abogados del mexicano tienen «contemplado» que el proceso se pueda frenar una vez empezado. En esos términos se pronunció ayer el letrado Alfonso León, quien también advirtió que los pasos que está dando Mauricio García para entrar con mando en plaza en el Murcia tienen visos de dar frutos «muy pronto».

Desde que el 31 de julio el TAS dictó su laudo dando la razón a García De la Vega, la controversia sobre quién es el dueño legítimo se encuentra resuelta a favor del mexicano. Ahora falta que Moro acate lo recogido por el Tribunal de Arbitraje Deportivo y por la resolución del Consejo Superior de Deportes hecha pública el 8 de agosto. Ambos organismos instan y autorizan, respectivamente, a que el paquete accionarial del Real Murcia que estaba en poder de la mercantil Corporación Empresarial Augusta, de la que Moro es el administrador único, según recoge la información al respecto que obra en poder del Registro Mercantil de Sevilla, sea inscrito a nombre de Iconos Nacionales, empresa de De la Vega. En total, se trata del 84,2 por ciento del capital social grana.

Ante la falta de decisión de Moro para acatar estas resoluciones, los abogados de Mauricio García han procedido también a solicitar en los tribunales españoles la ejecución del contenido del laudo dictado por el TAS. Este procedimiento, conocido como 'exequátur', se ha tenido que iniciar en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por tener la empresa de Moro su sede en la localidad sevillana de Tomares.