Vox devuelve al Pleno su moción «billete de vuelta» para la expulsión de migrantes de Orihuela
El texto fue retirado a final del año pasado y en el último momento, según argumentó el partido, en señal de respeto por las víctimas de la Dana en Valencia
El Pleno votará finalmente la semana que viene la moción contra la inmigración ilegal. El texto, conocido como «billete de vuelta», despertó a finales del pasado año la indignación entre oenegés como Vega Baja Acoge o Columbares, habituales colaboradoras y perceptoras de ayudas municipales. La propuesta de Vox no pudo votarse porque el portavoz de la formación, el primer teniente de alcalde, Manuel Mestre, decidió retirarla en el último momento en señal de respeto por los fallecidos en la riada de Valencia.
Los puntos de acuerdo son, en esencia, los mismos que en la anterior ocasión. El grupo municipal pide que el resto de partidos muestre su rechazo a las políticas de «puertas abiertas a la inmigración ilegal». Para ello, proponen exigir al Gobierno central «la inmediata expulsión de inmigrantes ilegales de Orihuela», así como la oposición a la apertura de centros de inmigrantes ilegales en el municipio.
Vox, en este sentido, carga contra las asociaciones y pide que Orihuela se declare «municipio no colaborador con asociaciones y oenegés que apoyen el tráfico de personas y la inmigración ilegal», dicen sin mentar ninguna en particular. Los de Manuel Mestre piden redirigir los fondos que acaban en estas entidades para trasladar a los inmigrantes a sus países de origen «o a Bruselas, sede de las instituciones europeas que promueven estas políticas».
Asimismo, piden la promoción de una consulta popular «sobre el refuerzo de la seguridad ciudadana y la expulsión de inmigrantes ilegales». Por último, solicitan el impulso de reformas legales «para evitar el fraude en el empadronamiento que permita el acceso indebido a beneficios sociales».
Estrategia
La moción de Vox forma parte de la estrategia del partido de Santiago Abascal, que en julio rompió sorpresivamente los gobiernos autonómicos que mantenía con el PP en plena polémica sobre el reparto de menores inmigrantes. Ahora, Vox ha llevado la cuestión migratoria a los ayuntamientos, condicionando -al menos de palabra- su apoyo en los gobiernos locales a un posicionamiento claro contra la inmigración irregular.
Desde Vox en Orihuela, sin embargo, no supeditan su continuidad en el gobierno al apoyo del PP a esta moción, que previsiblemente saldrá rechazada. Se da por descontado que los tres grupos de la oposición (PSOE, Cs y Cambiemos) votarán en contra. La pelota, pues, está en el tejado del PP. Los populares, en anterior ocasión, ya expresaron que su posición sería en contra. Ahora, el grupo municipal está pendiente de sentarse a debatir el sentido de su voto antes del pleno.
Hasta ahora, el equipo de gobierno PP-Vox ha venido manteniendo su apoyo a las organizaciones que promueven la integración de migrantes. El pasado 17 de septiembre, la Junta de Gobierno aprobó una partida de 33.999,69 euros destinada a financiar proyectos de intervención con este colectivo. Entre las entidades beneficiadas se encuentran Vega Baja Acoge, con 19.280,39 euros, y Recicla Alicante, con 10.365,80 euros. Aunque Vox votó en contra, la mayoría del PP dentro de este órgano ejecutivo permitió su aprobación.
Aportación poco significativa
La asociación Vega Baja Acoge, según refleja la entidad en su web, contaba para 2024 con un presupuesto total de 659.138,94 euros, de los cuales la mayor parte de los ingresos proviene de los conciertos sociales con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que representan más del 65% del total. El programa de acogida estándar, con 306.111,93 euros, es el mayor aporte, seguido por el de autonomía, con 123.400,16 euros.
A nivel autonómico, la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas contribuye con varios programas, incluyendo el de alojamiento temporal, que supone 141.202,80 euros, un 21% del presupuesto total.
En comparación, las aportaciones del Ayuntamiento de Orihuela son significativamente menores. El Consistorio aporta 21.518,59 euros, lo que representa solo el 3,3% del presupuesto total de Vega Baja Acoge. Aunque esta ayuda municipal es apreciable, su impacto en el conjunto es reducido frente a las importantes contribuciones de las administraciones central y autonómica, que cubren la mayoría de los programas de intervención social y alojamiento.
En cuanto a los gastos previstos para 2024, la mayor parte se destina al personal, con 419.697,53 euros, representando el 64% del total. Otros gastos significativos incluyen los programas de alojamiento temporal con 71.238,00 euros y los costes específicos relacionados con los beneficiarios, que ascienden a 127.350,00 euros. Pese a la gran cantidad de programas en marcha, la asociación prevé un ligero superávit de 2.408,19 euros para finales de año.
«Contra los Derechos Humanos»
Columbares y Vega Baja Acoge ya hicieron hincapié con motivo de la primera ocasión en la que Vox intentó votar esta moción en que es «contraria a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la Constitución Española y a la convivencia democrática».
Las entidades, muy implicadas en la integración sociolaboral del colectivo migrante, achacaron «falta de conocimiento por parte de grupo municipal Vox de la realidad oriolana y de las competencias municipales» y pidieron a la formación de Santiago Abascal que «deje de confundir a la sociedad oriolana con comentarios falsos en temas de migraciones y que dejen de generar crispación social en un municipio modélico en cuanto a la convivencia intercultural».
«Cómplices» de la inmigración ilegal
Vox, por su parte, asegura que se niega a ser cómplice de las políticas que fomentan la inmigración ilegal y sacan pecho de su decisión de abandonar por este motivo los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana y Extremadura. Asimismo, en su moción, han recordado los altercados entre vecinos y migrantes que se produjeron a raíz de la acogida de varias decenas de migrantes en un hotel de Guardamar.
Asimismo, acusan al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de negarse a proporcionar información sobre el coste y reparto de los inmigrantes enviados desde Canarias en 2023. «El gobierno pretende convertir a las Islas Canarias, Ceuta y Melilla en centros de desembarco desde los cuales repartir a los inmigrantes ilegales por el resto de España, en contra de la voluntad de los vecinos, quienes se oponen a la creación de centros de acogida en sus barrios debido a las consecuencias que esto conlleva para su seguridad y prosperidad».
