Plan de choque contra vertederos ilegales y escombreras en la costa de Orihuela

Los ruegos de los vecinos de la costa contra la insalubridad en las calles se ha materializado ya en algo palpalble. El Ayuntamiento sacaba ayer a licitación un contrato valorado en 71.923 euros (IVA incluido) para acabar con puntos de vertido incontrolado de residuos de obra en 30 calles de Orihuela Costa y otros tantos puntos repartidos por las 24 pedanías y las afueras del casco urbano, según reflejan los pliegos técnicos.

La limpieza es uno de los principales caballos de batalla en la costa. A la espera de un ecoparque –todavía pendiente de ubicación definitiva– que permita a los residentes depositar de forma regularizada sus residuos de obra, los restos de azulejería, cristal o ladrillo se multiplican por doquier. Todo en un litoral donde nunca se deja de construir y donde muchas empresas juegan a ahorrarse los costes de la eliminación de estos restos abandonándolos en la vía pública.

La Asociación de Vecinos de Cabo Roig y Lomas incluso puso dimensión exacta al problema y, de la mano de la Policía Local, localizó hasta 40 puntos de vertido incontrolado de escombro y basura. La entidad vecinal incluso exploró la posibilidad de llevar el problema por la vía legal.

El caso es que, más allá de la costa, el resto del término municipal tampoco se libra de la problemática. Especialmente grave en la acumulación de residuos en los alrededores del polígono Puente Alto. A la llegada del actual equipo de gobierno ya se realizaron trabajo en la costa que, sin embargo, no han mermado el problema. Recientemente y gracias a una subvención de Diputación, se realizó una restauración ambiental de los alrededores del mirador del Palmeral, donde también había aparecido otra escombrera ilegal. En aquella ocasión la minuta que costeó la institución provincial ascendió a unos 32.000 euros.

«Este contrato es una medida indispensable para intentar frenar la proliferación de escombreras ilegales que tanto daño están causando a nuestro entorno», señala la edil de Medio Ambiente, Noelia Grao, sabedora de que el abandono de residuos tiende a crecer cuanto más se demora su limpieza en el tiempo. Amén de los problemas de salud pública que de estos vertidos se derivan.

La decisión de recurrir a la licitación de un contrato responde también a que existe un debate en torno a qué área es la que debería hacerse cargo, pues en este asunto entran en conflicto competencias de RSU, Infraestructuras y Medio Ambiente. Así se dejó patente durante una reciente moción de Cs elevada a pleno. Sobre la mesa, los grupos políticos pusieron la cuestión de si los restos de obra deben ser considerados o no como residuos sólidos urbanos. Algo difícil de contestar, máxime cuando el escombro se mezcla a menudo con la bolsa de basura de casa.

Frente a todo esto, una vez más, solo cabe la llamada al civismo para que los residuos de unos pocos no acaben mermando el bolsillo de todos. «Necesitamos la colaboración de todos para mantener nuestro municipio en las mejores condiciones. No se trata solo de retirar escombros, sino de evitar que estos se vuelvan a tirar. Animamos a todos los oriolanos a denunciar los vertidos ilegales y a utilizar los canales adecuados para deshacerse de los residuos», insiste la edil Grao.

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