La huelga deja 577 actos aplazados en los juzgados de Orihuela

Juzgados con una elevada litigiosidad como el de Orihuela están empezando a sufrir serios retrasos en sus trámites. Desde que arrancara la huelga de los letrados de la administración de justicia (LAJ) el pasado 24 de enero, según ha podido saber LA VERDAD, en las salas del palacio de la plaza Santa Lucía se han dejado de celebrar, hasta el lunes pasado, 577 juicios, declaraciones o conciliaciones, según los datos que manejan los propios letrados.

También, según las mismas fuentes, el seguimiento medio diario de la huelga sería uno de los más altos de la Comunidad Valenciana, próximo al 90%. «Se están quedando muchas cosas sin hacer», reconoce Leticia Pallarés, portavoz de los 12 letrados que ejercen en los tribunales oriolanos.

Pero la huelga no solo está entorpeciendo el libre discurrir de los procesos abiertos, también está impidiendo el pago de indemnizaciones, pensiones alimenticias, ingresos de multas o el cobro de los honorarios de abogados y procuradores. Solo en las cuentas del partido judicial de Orihuela, detalla Pallarés, hay unos 12.240.000 euros paralizados. «Y solo en mi juzgado puede haber unos 200.000», añade. En los civiles, dice, las cifras se elevan mucho más y son ya millonarias.

En la actualidad, la plantilla de letrados oriolana sobrelleva las bajas de dos de sus compañeros, y los servicios mínimos son del 50%. En condiciones normales, seis están destinados a los juzgados de lo Civil y los otros seis a los de lo Penal (tres para Instrucción, dos de Penal y uno para el juzgado de Violencia sobre la Mujer). A juicio de la letrada, estos servicios mínimos están «sobredotados». «En Civil está bien, pero en Penal se podría haber dejado a un compañero más hacer huelga», dice.

La huelga está promovida por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados. Los profesionales del partido judicial oriolano están en su mayoría adscritos a la primera de las organizaciones.

Los LAJ denuncian que, desde que dejaron de ser secretarios judiciales, su carga de trabajo no ha hecho más que aumentar; no así su sueldo. En abril de 2022 alcanzaron un acuerdo con el actual Gobierno para mejorar las condiciones laborales del cuerpo, el cual, dicen, no se está cumpliendo. «Somos fundamentales en los juzgados. Sin nuestro trabajo previo ningún juez podría dictar sentencia», reivindica Pallarés.

No obstante, más allá de las mejoras laborales que se puedan conseguir con la huelga, la letrada Pallarés valora también otros aspectos. «Ya no es solo que pidamos que se nos adecúe el salario a la carga de trabajo. Hasta ahora no hemos tenido una voz ni capacidad real para entablar negociaciones con el Gobierno», destaca.

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