La Generalitat solicitará al Gobierno las competencias en gestión del litoral

Este lunes, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, anunció que en el pleno del Consell de la semana que viene solicitarán al Gobierno de España la transferencia de competencias en la gestión del litoral valenciano. Es la forma mediante la cual poder llevar a la práctica en toda su amplitud la recientemente aprobada Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana. Con esa solicitud de transferencia de las competencias incluyen en el reparto al personal, bienes muebles e inmuebles y recursos económicos. Con esta ley el Gobierno de Mazón pone en marcha su forma de entender la gestión y protección del litoral frente a la normativa vigente, el Pativel, la aplicada por el anterior gobierno del Botánico.

Uno de los aspectos más repetidos para argumentar la idoneidad y necesidad de esta nueva ley es el de «tener mecanismos para tratar de poner freno a deslindes», como manifestaba el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus. En la Vega Baja, con este elemento y la ley, los focos se dirigen a las casas en primera línea de la playa Babilonia de Guardamar del Segura. Estas cuentan ya con fecha, después del verano, para el derribo de todas ellas, al estar construidas en suelo de dominio público terrestre y haber expirado la concesión. Una de las formas que recoge la nueva ley autonómica para la gestión del litoral es a través de la declaración de núcleo etnográfico. Es la figura que se ha fijado para la protección de inmuebles como estos y así evitar su demolición. Reconocen desde la Conselleria que dados los plazos va a ser prácticamente imposible llegar a tiempo. Para esta situación, dicha ley autonómica contempla que el Consell ofrecerá suelo a todos los afectados por las demoliciones o expropiaciones de los deslindes. Este suelo, añaden desde la Conselleria, se determinará y ubicará cuando se efectúe una ampliación de un nuevo sector urbanístico.

El último paso para llevar a cabo esta ley es contar con la delegación de las competencias en manos del Gobierno central. Mazón, en las declaraciones donde daba a conocer las intenciones del Gobierno autonómico, señalaba que «no es una ganancia competencial, sino cualitativa de gestión que estamos dispuestos a asumir para poder administrar con responsabilidad y cercanía lo que es nuestro desde el autogobierno». En este sentido, ha manifestado que «este es el paso final para poder disponer de un marco normativo coherente con las necesidades de nuestro litoral, de los que viven en él y de él» tras la aprobación de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana en Les Corts.

La ventaja que esta nueva Ley de Costas autonómica va a aportar, desde el prisma del gobierno autonómico del Partido Popular, es su modo de «desarrollar la planificación litoral desde un enfoque más flexible, claro y seguro jurídicamente, garantizando la protección, mejora y reordenación de la costa, con sentido y equilibrio», manifestaba Mazón. También, en palabras de Mazón, «se puede cuidar la actividad humana a la vez que el entorno natural».

En la Vega Baja, la presión urbanística en el litoral ha colmado prácticamente todo el territorio. Salvo en algunos espacios naturales protegidos, como las pinadas de Guardamar y cala Ferris en Torrevieja, toda la línea costera de la comarca está urbanizada.