Vergüenza

La instrucción del caso judicial más relevante en términos políticos acaba con el más bochornoso de los ridículos para la Administración de la Justicia. Y aún habrá quien se extrañe del desafecto de los ciudadanos con sus políticos y jueces

Alberto Aguirre de Cárcer
ALBERTO AGUIRRE DE CÁRCER

En numerosas ocasiones, 'La Verdad' ha denunciado la falta de compromiso de los partidos políticos con la penosa situación de la Justicia en la Región, y ha respaldado la independencia y la autonomía de jueces y fiscales, especialmente vulnerables durante la instrucción de los casos de presunta corrupción política. Ese desdén y desinterés hacia la Administración de Justicia, cuyas competencias siguen en manos del Gobierno central, quedaron de nuevo patentes en las últimas campañas electorales. Ahora, como en el futuro, nosotros seguiremos reclamando tanto las reformas judiciales como los medios materiales y humanos que precisan nuestros juzgados. Pero ese apoyo es, y será, plenamente compatible con la exigencia a todos nuestros profesionales de la Justicia del compromiso, diligencia y responsabilidad que comporta el ejercicio de su importante función constitucional. Por eso hoy es ineludible expresar nuestro estupor ante el escandaloso final de la investigación del caso de la desaladora de Escombreras. Como ya había ocurrido con anterioridad en el 'caso Pasarelas', que afectaba al mismísimo expresidente Pedro Antonio Sánchez, la superación del plazo legal para poder ampliar la investigación ha conducido a la nulidad de todas las actuaciones efectuadas por la juez con posterioridad a los primeros seis meses desde que se levantó el secreto del sumario. Esta vez, el fiscal solicitó en tiempo la declaración de causa compleja, pero la juez no la decretó hasta pasado un mes después de vencido el plazo. Por descuido, por olvido o por error, la magistrada no practicó una sencilla pero crítica diligencia, lo que ahora deja sin efecto parte de la investigación del más importante caso abierto en la Región en las últimas décadas desde el punto de vista político. Una presunta malversación de fondos públicos con un potencial riesgo financiero para la Comunidad de 600 millones. Objeto de una comisión de investigación en la Asamblea Regional, el caso 'La Sal' era la 'madre' de todos los sumarios. Ni más ni menos que la investigación que iba a poner a prueba la capacidad de nuestros jueces y fiscales ante un caso que era pura trilita política porque alcanzaba a los más altos niveles de poder del partido en el Gobierno. Antonio Cerdá, el consejero de Agricultura del PP durante muchos años, es el principal investigado en la causa, pero la Fiscalía y las acusaciones particulares se disponían a solicitar a la juez que tomase declaración como imputado al expresidente Ramón Luis Valcárcel, en cuanto perdiera en las próximas semanas su aforamiento como eurodiputado. Tampoco los exalcaldes Pilar Barreiro y Miguel Ángel Cámara tendrán ya que declarar la próxima semana en calidad de testigos, como estaba previsto. Finito. Caso cerrado. Se irá a juicio con las pruebas practicadas durante los primeros seis meses. La instrucción más relevante acaba con el más bochornoso de los ridículos para la Justicia de la Región. Las sentencias, exculpatorias o condenatorias, deben ser aceptadas, pero es difícil asumir que un posible delito pueda quedar impune por la inacción de una juez, que siempre había parecido ser consciente de la relevancia social y política del caso que tenía entre manos. Luego habrá quien se extrañe del desafecto y de la desconfianza de los ciudadanos en sus políticos y en el sistema judicial.

El estrepitoso error viene con nombre y apellidos, pero tiene un origen político: la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el Gobierno de Rajoy. Para agilizar el esclarecimiento de los presuntos casos de corrupción (y acabar con lo que llamaban 'penas de telediario' que erosionaban al PP) se reformó el artículo 324 para limitar la instrucción a seis meses, ampliables a 18 meses mediante la declaración de causa compleja por parte del juez. Se redujo drásticamente el tiempo para investigar, pero los medios humanos y materiales seguían siendo los mismos en unos juzgados sobresaturados de casos y faltos de personal. Estas son las funestas consecuencias de una reforma, cuyos intentos de enmienda fueron bloqueados en el último año y medio por PP y Cs.

Paradójicamente, la Audiencia Provincial, que ha decretado la nulidad de las actuaciones por la superación del plazo legal, a raíz del recurso de uno de los investigados, había adoptado en 2017 un acuerdo jurisdiccional, apoyado por todos los magistrados, que avalaba la actuación de la juez: se podía decretar la complejidad pasado el plazo de seis meses si alguna de las partes del proceso lo hubiera solicitado antes. Sin embargo, ese criterio quedó anulado por el Supremo en abril, lo que ha obligado a la Audiencia a desdecirse y aplicar con efecto retroactivo un principio doctrinal que no estaba vigente cuando la juez decretó la complejidad de la causa. El presidente del TSJ, Miguel Pasqual del Riquelme, debe tomar nota de lo ocurrido. Una cosa es el respeto a la independencia de un juez y otra es mirar hacia otro lado cuando se produce un error de este calibre por el mal funcionamiento de la Administración de Justicia. Alguien debería asumir la responsabilidad de aclarar por qué ha sucedido y ocuparse de que no vuelva a ocurrir. La misma suerte correrá la investigación sobre el auditorio de Cehegín, con el añadido de que en ese caso se superaron todos los plazos sin que el instructor hiciera una sola diligencia. Otra vergüenza más.