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Trabajadores migrantes en tiempos de pandemia

Las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento del jornalero dibujan un cuadro de economía sumergida, explotación y déficits que no se puede repetir

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Miércoles, 12 de agosto 2020, 02:15

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Como en todas las crisis, las personas más vulnerables son las que más están sufriendo las consecuencias sociales y económicas de esta horrible pandemia que nos ha sobrevenido a todos, sin tener los deberes hechos. Sin músculo industrial; dependiendo permanentemente del turismo de sol y playa; con unos servicios públicos aún heridos por los recortes; a años luz de estar preparados para generalizar la administración electrónica o articular una solución a las necesidades de conciliación que no descanse únicamente en los centros educativos; cimentando el crecimiento sobre capas y capas de desigualdad y pobreza laboral… Así es como nos ha sorprendido el maldito coronavirus. Y aunque la respuesta gubernamental y europea haya sido bien distinta a la de 2008, el drama social que esta crisis ha abierto en el seno de cientos de miles de familias está muy lejos de ver su fin.

De esos hogares, los de los trabajadores y trabajadoras migrantes están siendo de los más castigados, al carecer además de redes familiares de apoyo. Llueve sobre mojado para un colectivo que es mayoritario en los estratos salariales más bajos, en las ocupaciones más duras y precarias, en la economía sumergida, siendo, en determinados casos, víctimas de mafias y explotadores.

No ayuda, desde luego, la existencia de una normativa de extranjería que favorece la precariedad laboral, anula la aplicación del principio de igualdad de trato en las relaciones laborales y condena a los trabajadores y trabajadoras inmigrantes a largos períodos de clandestinidad y trabajo irregular. Tampoco ayuda la incapacidad de las administraciones públicas para dejar de ver a las personas inmigrantes como un problema del que deshacerse, y empezar a verlas como personas con derechos.

Por si fuera poco, irresponsables declaraciones (algunas de cargos institucionales) han terminado de encender la mecha de los discursos más racistas y aporofóbicos en nuestra Región, extendiéndose burdos bulos, como los que hablan de nacionalizaciones masivas de los recién llegados (cuando se tarda una media de diez años para obtenerla), los que vinculan a las personas inmigrantes con la delincuencia (sin ningún tipo de base estadística para ello), o aquellos que los identifican como perceptores de cuantiosas ayudas que ni siquiera existen.

Estamos teniendo noticias de la generación de situaciones de grave tensión social y tratos discriminatorios hacia las personas inmigrantes, que se extiende al ámbito laboral. Un clima de estigmatización que perjudica su acceso y permanencia en el empleo, además de la convivencia pacífica y respetuosa de todas y todos. Clima que, en ningún caso, debería verse fomentado por nuestros representantes públicos, garantes de la observancia de las obligaciones internacionales propias de un estado democrático como el nuestro.

El virus está en las calles, no distingue por lugar de nacimiento ni color de piel. Pero es cierto que, donde no hay condiciones de vida y de trabajo dignas y seguras su propagación es más probable. Señalemos entonces, no a las víctimas, sino a la insuficiencia de los medios de acogida y el incumplimiento de las medidas sanitarias en los lugares de trabajo; persigamos la trata de seres humanos con fines de explotación laboral; pongamos el dedo en la llaga de los abusos que se cometen, muy especialmente, con los temporeros y temporeras de las campañas agrícolas o en el trabajo doméstico.

¿A nadie le chirría el cinismo de aplaudir a los turistas europeos que vienen a nuestros hoteles, y, en cambio, vociferar contra inmigrantes, muchos de ellos menores, que vienen huyendo de la más atroz miseria y a los que empleamos en paupérrimas condiciones bajo nuestros invernaderos o cuidando de nuestros mayores?.

Las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento del jornalero Eleazar Blandón, dibujan un cuadro de economía sumergida, explotación laboral, déficits en los sistemas de prevención de riesgos laborales y trato degradante e inhumano, que no puede volver a repetirse. Fallecimiento por el que tenemos que exigir con firmeza todas las responsabilidades concurrentes, en una Región que paradójicamente dispone de una Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral.

Convendría no olvidar la contribución de las personas extranjeras a la riqueza de nuestro país y nuestra Región, no solo la de los que vienen como turistas, también la de quienes vienen a establecer aquí su residencia y han ayudado a contener la negativa evolución demográfica, a enriquecer nuestra fuerza de trabajo y a contribuir al sostenimiento de nuestro Estado de Bienestar.

No dejar a nadie atrás en esta crisis debería ser la principal preocupación de nuestros poderes públicos y, para ello, no hay más camino que remar en la misma dirección, por la dignidad social y laboral de todas las personas, con independencia de su nacionalidad u origen, por la convivencia, la cohesión social y la igualdad de oportunidades, frente al hipócrita, irresponsable y vacío discurso del odio que algunos sostienen.

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