Sedición

Las señales ya están escritas en el cielo, como esas profecías bíblicas. Se aprobarán los Presupuestos Generales, a base de sacrificios al Estado: partidas económicas que no irán para arreglar las deficiencias viarias entre Murcia y Andalucía, o para suministrar apoyo a la educación y la sanidad en el resto del territorio nacional, sino para amarrar, como si fuese un velero proceloso, la decena de votos independentistas que vienen de Cataluña y País Vasco. El cuerpo de la nación, agujereado ya por democráticas puñaladas, sigue sumando cicatrices con cada legislatura. Urkullu afirmó que quería que los vascos fuesen juzgados por vascos, proponiendo el mayor mordisco que se le ha dado a la igualdad entre todos los ciudadanos que habitamos este país. Una justicia que segrega por el lugar de nacimiento, por el linaje de los ocho apellidos vascos. A esto le llaman, algunos analistas políticos, progresismo.

Ahora las filas socialistas cantan a coro que no hay prisa para reformar el delito de sedición. No hay prisa, pero tampoco pausa. Desligar esta infortunada maniobra de la aprobación de los presupuestos equivale a separar la sal del mar. En cada curso que el Gobierno tiene que hacer frente al examen presupuestario el Estado se achica. Sánchez juró que no iba a pactar con Bildu bajo ningún concepto. Hoy no solamente son tolerados, sino que son preferibles incluso que a partidos como Ciudadanos y el PP. También afirmó que no concedería los indultos. La historia de este país ya está manchada por el devenir de los acontecimientos. Los que montaron el simulacro de golpe de Estado están en la calle sin ni siquiera haber pedido perdón. Y lo volverán a hacer. Es su lema.

La frustración del ciudadano no aparece con estas decisiones, previsibles si se conoce la altura moral de Sánchez, sino con el ejército de justificaciones con las que nos encontramos a diario. Hemos debido leer que los indultos ayudan a «desjudicializar la política», como si los delitos acudieran a los políticos, y no al revés. En el caso de la sedición, ya ha cobrado vida la maquinaria propagandística. Para reducir la condena hablan de homologar la pena con el resto de países de la Unión Europea. Este Gobierno se ha especializado en invocar la bandera de las estrellas (las mismas que en las profecías bíblicas) como solución a todos los males. Si echamos un vistazo a Francia, observaremos que la condena para la sedición es la cadena perpetua. 'Quelle grandeur!'. En Alemania, país que siempre goza de prestigio para el que habite La Moncloa, las penas oscilan entre los diez años y la cadena perpetua. En España, actualmente se contemplan entre ocho y diez años en prisión.

A la falacia de la homologación se le une un hecho tan cristalino que resulta doloroso. Es de naturaleza moral, cuando no jurídica. La rebaja del delito de sedición será impuesta por un partido que cuenta entre sus líderes con un condenado por ese delito. Como si un asesino decidiese recortar el Código Penal para bajar las penas de asesinato. ¿Qué diríamos a este respecto? ¿Y de un violador? ¿Y de un pederasta? En un Estado democrático las leyes no pueden estar sujetas a los caprichos políticos de sus dirigentes, y menos aún si estos persiguen de forma ilícita acabar con el orden constitucional establecido. Pero eso, a Sánchez le importa poco. Y a tenor de las encuestas, al grueso de la población también.

Es el golpe definitivo a una Justicia maltrecha, convertida en tablero político con jugadores de ajedrez mediocres. Un país que no cuida sus instituciones es un naufragio. Las tablas de este barco ya han empezado a deshilacharse. Unos ciudadanos que dan la espalda a este problema son los primeros en padecer los rigores de la arbitrariedad política. Llegará el día, más temprano que tarde, en el que veremos a Puigdemont paseando por las Ramblas, caminando victorioso por la Castellana. Asistimos al triste espectáculo de contemplar al Estado inmolándose a sí mismo. Y a usted le harán creer que todo ha sido por el bien de España.