Sr. Sánchez, reaccione y proteja a las empresas

Que una empresa abra sus puertas con normalidad y pueda seguir creando riqueza y empleo. Para cualquiera que tenga un negocio, no hay mejor plan de rescate o de ayuda. Pero esta maldita pandemia que padecemos, oficialmente desde hace casi un año ya, está condicionándolo todo. La economía y la dinámica de la actividad empresarial, la educación, la sanidad, la cultura, el tiempo libre y hasta nuestra vida familiar pasan el filtro de las medidas anti-Covid para reducir la curva de contagios y, por supuesto, evitar fallecimientos.

Desde que en marzo se declarase el estado de alarma, los sectores considerados no esenciales han recorrido un auténtico 'vía crucis' que ha condicionado su devenir normal con restricciones y cierres. El caso más palmario, el de la hostelería, los hoteles, los salones de celebraciones, los centros deportivos y el ocio en general. Esto va a provocar la ruina de muchos empresarios y el cese definitivo de sus negocios, de ahí que desde el primer día hayamos solicitado ayudas directas que permitiesen afrontar gastos y contar con ingresos suficientes para capear el temporal, al mismo tiempo que se les aligeraba la carga fiscal.

Todas las administraciones, desde los ayuntamientos a la Administración central, tienen la responsabilidad de aplicar medidas excepcionales a una situación excepcional, pero me temo que la respuesta que estamos obteniendo no es la adecuada. Y debo señalar en especial al Gobierno de España. Es ahora, casi un año después, cuando se está empezando a hablar de ayudas directas por parte de la ministra de Asuntos Económicos, pero sin plazos ciertos y concretos. Así que no sabemos si ya será tarde, aunque yo espero que no. Para otro tipo de ayudas sí ha habido más prisa.

Entre tanto terminan de configurar las cuantías y el horizonte temporal en el que estarán disponibles, las empresas tendrán que seguir recurriendo a sus respectivos gobiernos territoriales. Y también al apoyo que se pueda brindar desde las corporaciones locales. En este sentido, Croem, tendiendo la mano a su sectorial Hostemur, y junto al Gobierno regional, impulsó un primer plan de rescate para el sector hostelero que era absolutamente necesario y que tendrá continuidad en una segunda entrega que estamos negociando en estos momentos. Las negociaciones deben culminar de manera inmediata. De igual forma es fundamental un plan integral de ayuda al comercio, otra de las actividades más afectadas por las restricciones, que también está en marcha.

La fiscalidad y la falta de liquidez son los dos caballos de batalla contra los que luchan las empresas en este tiempo tan adverso. Para la segunda de ellas ya logramos el acceso a circulante gracias al gran acuerdo alcanzado con la práctica totalidad de las entidades financieras establecidas en la Región, así como con Aválam, y la inestimable colaboración de la Consejería de Empresa de la Comunidad Autónoma, a través del Instituto de Fomento.

En cuanto a la fiscalidad, venimos reiterando la exigencia de una exoneración total de las tasas municipales que gravan a comercios, bares, restaurantes y cafeterías y hoteles, es decir, cero tasas, por lo menos hasta el tercer trimestre del año. Porque si no se generan ingresos, ¿cómo pagan los impuestos? ¿No será mejor permitir que un negocio sobreviva para que cumpla con sus obligaciones tributarias antes de permitir que desaparezca? La mejor política fiscal protege e impulsa la actividad empresarial. Los ayuntamientos deben actuar. Ahora o nunca.

Aunque el Gobierno regional se ha mostrado muy colaborador participando en acuerdos nunca antes alcanzados en la historia de esta Comunidad, debe hacer suyas las demandas empresariales y elevarlas al Gobierno central. Y a este último me dirijo precisamente para trasladarle la exigencia del empresariado murciano, y me atrevo a decir que del conjunto de la nación, para que emulen a los países de nuestro entorno y apruebe con carácter de urgencia un gran Plan de Rescate Nacional para las actividades más dañadas. Lo han hecho Alemania, Francia, Dinamarca y hasta Rumanía. Miles de millones de euros para que las empresas no desaparezcan. No sé qué más cabe esperar.

La responsabilidad de su ejecución es del Gobierno de España, que tiene la imperiosa obligación de proteger la economía, clave para salvar el empleo. Sr. Sánchez, en su calidad de presidente del Gobierno, escuche el clamor empresarial y reaccione. No se deje arrastrar por sus socios de Gobierno, que ni entienden ni quieren entender la importancia que tiene el tejido productivo para garantizar desarrollo económico, prosperidad y justicia social.