Reformas para salvar empresas y empleos

Desde las organizaciones empresariales vemos con gran preocupación cómo, en cambio, el anuncio de reforma laboral se utiliza como argumento político e incluso como contraprestación para obtener apoyos parlamentarios. Las empresas son generadoras de riqueza y empleo y bajo ningún concepto deben ser rehenes de otros intereses. Las reformas que se acometan no pueden tener nunca más finalidad y horizonte que el de salvar las empresas y los empleos.

Para ello, además es fundamental garantizar la seguridad. Las empresas no pueden acometer proyectos si no tienen seguridad en un futuro ya de por sí demasiado incierto. Por lo tanto, los cambios que se aborden deberán ser los mínimos y necesarios y siempre en beneficio de la estabilidad, que es la que garantizará el empleo. Todo ello además debe desarrollarse siempre en el ámbito del diálogo social. La experiencia demuestra que las medidas que no son bien valoradas por los agentes sociales no son eficaces. Solo desde la concertación social se pueden fijar los aspectos a corregir de modo preciso, porque la unilateralidad y la imposición en esta materia no funcionan. Esa fue la motivación en la creación de la Mesa para la Recuperación, la Transformación y la Resiliencia, donde están todas las partes que sustentan el diálogo social y que representan todas las patas de la mesa.

Las reformas, de producirse, deben comenzar por lo más urgente, que sería abordar la alta tasa de desempleo juvenil, la dualidad laboral, la contratación o la regulación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Trabajar en la corrección de estos desajustes potenciaría la creación de empleo. Los empresarios llevamos ya mucho tiempo demandando la revisión de los tipos de contratos para dotar al mercado de más flexibilidad, como existe en otros países de nuestro entorno, que nos ganan por cierto en competitividad y productividad. Igual que estamos pidiendo que los ERTE se extiendan hasta finales de año.

No parece que el Gobierno sea del todo consciente del daño que esta crisis económica y social derivada de la pandemia ha hecho en el mundo de la empresa. Y está aún pendiente la compensación a un año y medio de actividad condicionada o nula.

La memoria es demasiado corta y ya se han olvidado los esfuerzos que debieron hacer las empresas para mantener los puestos de trabajo en plena pandemia. Aquellas actividades consideradas esenciales protegieron a sus trabajadores, como no podía ser de otra manera, para poder mantener la producción. Otras se reinventaron al ver su actividad principal condicionada por la pandemia, lo que evitó despidos, pese a que algunas voces se alzaron de forma injusta, inapropiada y yo diría que hasta mezquina para acusar a las empresas de hacer lo contrario aprovechando la coyuntura negativa. Y otras muchas debieron recurrir a los ERTE.

Por otra parte, no puede tampoco trasladarse la falsa expectativa de que las modificaciones en la legislación laboral por sí solas vayan a conseguir los objetivos de la recuperación económica y social. Estos deben abordarse teniendo en cuenta las previsiones económicas y conforme la recuperación se vaya consolidando, y estamos aún lejos de que esto suceda.

El estado de alarma sigue vigente, continúan las restricciones en sectores sensibles, y que han resultado muy dañados durante la pandemia, y el proceso de vacunación sigue su proceso de la misma manera que se ha gestionado en general la pandemia, es decir, sin criterios únicos y claros.

Cabe esperar que ese proceso se siga acelerando y alcance porcentajes razonables de cara al verano para que se pueda tener un periodo vacacional, por lo que conlleva de dinamismo al sector hotelero y hostelero, más acorde con las circunstancias normales en esa época del año, tan importante para un país de acogida como España.

Como país debemos enviar un mensaje claro de tranquilidad, certidumbre y confianza. Es lo que necesitan los mercados, las empresas y los inversores, sobre todo los extranjeros. Y en especial una sociedad cansada de que no exista unidad de acción para salvaguardar el interés general, ni siquiera en el momento que más falta hace.