La prueba del siete

Cuando hablo, sin embargo, de tratar mal a nuestros científicos no me refiero solo a la fuga de cerebros, al eterno becariado y a los recortes en investigación. Tampoco solamente al desprecio de esas masas iletradas con sus simplicidades tabernarias, como sugiere el estereotipo. Me refiero a esa tentación, tan común entre nuestros mandantes –empezamos, ay, a acostumbrarnos–, de inducir, malear, manipular, restringir, inspirar o silenciar los pronunciamientos de comités científicos, órganos consultivos o grupos de investigación. A diferencia de la cúpula judicial, que viene nombrada para un período dado por un partido en concreto y forma mayorías que pueden caducar (y por tanto se atiene a presiones que podemos rastrear), las maniobras orquestales en la oscuridad para que tal científico diga lo que a tu partido le conviene son opacas. Pero haberlas, pardiez que si hailas. La tensión en los pasillos de alguna universidad regional estos días tiene que ser de esas que no las cortas ni con un machete.

A comité revuelto, ganancia de manipuladores. Las responsabilidades se funden y mezclan, las dudas se instalan. Los argumentarios de los partidos se llenan de referencias interesadas a informes favorables –o al menos ambiguos–, aunque propongan que bebamos lejía. Llegan entonces, los científicos (los que dimiten, los que se quedan, los que se alinean con el mandante de turno), a las conversaciones de barra de bar. Están los que te reafirman en tu postura y están los otros. A elegir. Los que se mojan y los que no. Los del camino de enmedio y los de los cerros de Úbeda. Con la credibilidad a repartir.

Cuando se pontifica (y se pontifica mucho) sobre la baja calidad del debate público en España, con sus masas linchantes y su atrevida ignorancia, con su polarización y su populismo y su aborregamiento internáutico, pocas veces se menciona esta continua, disolvente, asfixiante presión desde arriba hacia abajo, desde las cúpulas que ejercen el poder hacia las instituciones del país. Una presión más o menos explícita que degrada todo, de la judicatura a los medios, del INE a las universidades, y que iguala a peor posicionamientos científicos y tabernarios, desdibujando las diferencias entre un discurso objetivo, académico e informado que a poco que rascas no lo es tanto, y otro, de corte popular, que se emite desde el sentido común –sea eso lo que sea–, no necesariamente con un codo en la barra de un bar.

La sociedad civil murciana está a punto de conseguir la increíble hazaña de reunir las 500.000 firmas necesarias para la admisión a trámite de una Iniciativa Legislativa Popular en defensa del Mar Menor, un logro excepcional en la historia de nuestra democracia que implica haber sido capaces de tejer alianzas con todo tipo de organizaciones de defensa del territorio a lo largo y ancho de la nación. Más de 400 puntos en todo el país recogen firmas para que el Congreso debata otorgar derechos jurídicos a la maltrecha laguna, convirtiendo desde ya el ecocidio marmenorense en asunto de Estado.

Mientras nuestro Gobierno regional maniobra para sembrar la duda sobre el reparto de responsabilidades y se enroca en soluciones de ciencia ficción para teletransportar los nitratos o en propuestas ecocidas como el dragado de las golas, la sociedad civil murciana muestra su determinación a través de un sentido común transversal a discursos científicos y plebeyos. Ponemos en duda las intenciones de un equipo de gobierno que dice defender el Mar Menor, pero que no ha depurado la menor responsabilidad ni con ceses ni con dimisiones. Ponemos en duda la determinación de actuar contra la contaminación en origen por parte de un gobierno que se niega a sancionar a las empresas envenenadoras. Y ponemos en duda ese 'nuevo rumbo' con respecto a nuestro Mar Menor mientras no veamos a la agroindustria movilizarse para poder seguir vertiendo. Llamamos a esto 'la prueba del siete'.

–Será la prueba del nueve.

–Pues no. El siete, jueves. A las 20 horas en la plaza Juan XXIII de Murcia. Vente y salimos de dudas.