Un proyecto para la igualdad

Hablamos de un proyecto para la igualdad, que consolida el principio de universalidad. Una norma que se centra en la ciudadanía y que blinda los derechos de las personas con el objetivo de mejorar su bienestar y favorecer una vida digna. Con su aprobación se configurará una Ley dentro de las denominadas Leyes Sociales de Tercera Generación, convirtiéndose en nuestro cuarto pilar del Estado de Bienestar, junto a la salud, la educación y las pensiones.

Era especialmente necesario dar este paso, tanto por la situación de pandemia que ha aumentado las necesidades y las situaciones de desigualdad entre la ciudadanía, como por la transformación social que ha venido experimentado Murcia en los últimos 18 años, desde la puesta en marcha de la anterior norma en 2003. La aparición de nuevos problemas y necesidades, así como la experiencia de la que ha hecho acopio el servicio público, reflejaban la importancia de sacar adelante una regulación que respondiese a las nuevas exigencias de la sociedad y permitiera adaptarse mejor a las circunstancias actuales y venideras.

Todo ello, una realidad que hoy está más cercana que nunca gracias al trabajo realizado durante estos últimos años. Llegar hasta donde estamos ha supuesto un amplio proceso de participación y consenso social, basado desde el primer momento en el principio de transparencia, tanto en la fase de consulta pública, como en el trámite de información y audiencia ciudadana, haciendo partícipe a una multiplicidad de órganos de participación, como son el Consejo Regional de Servicios Sociales, consejos asesores regionales Económico, Social y Jurídico de la Región, el Foro Regional para la Inmigración, todas las consejerías o la Federación de Municipios.

Una ley de todos y de todas, una ley para todos y para todas, que incluirá propuestas y aportaciones de los grupos parlamentarios. Estoy convencida de que fruto de ese diálogo y de la puesta en común de ideas desde la presentación de la Ley el pasado octubre, obtendremos hoy el mayor de los consensos y la mejor de las normas.

Quiero aprovechar de antemano esta tribuna para dar las gracias a todos los que han participado en la elaboración, redacción y aprobación de esta Ley, sea cual sea su decisión final. El apoyo de cada uno ha sido clave para llegar hasta donde hoy estamos.

Como ya he dicho en más de una ocasión, esta Ley nace con la mente puesta en el futuro, situando a las personas en el centro del sistema de servicios sociales, orientando el conjunto de los recursos y prestaciones a satisfacer los derechos a una protección social, y que tiene como último fin la prevención y atención de las necesidades sociales básicas, para que ningún murciano ni ninguna murciana pueda sentirse desatendido.

Una norma que establece unos principios rectores que se regirán y fundamentarán, entre otros, en la universalidad, la igualdad efectiva y la equidad. Precisamente por ello cabe destacar la incorporación del catálogo de prestaciones y servicios, en el que se definirá qué prestaciones tiene garantizadas como derecho subjetivo de la ciudadanía e instrumento fundamental que le permite conocer a qué servicios y prestaciones puede acceder, así como en qué condiciones y con qué requisitos para su reconocimiento.

Entre las prestaciones garantizadas se encuentran, entre otros, las de información, acogida, diagnóstico social, orientación social y asesoramiento; las de valoración, planificación individual del caso, seguimiento y acompañamiento social individualizado para casos que requieran especial intensidad en la atención; e incluso las prestaciones económicas destinadas a aquellas mujeres víctimas de violencia de género que carezcan de recursos económicos.

Además, el desarrollo de estas prestaciones supondrá un cambio sustancial de la estructura de atención de los Servicios Sociales de Atención Primaria, ya que prevé organizar este sistema a partir de una definición de la estructura territorial basada en áreas, zonas y unidades básicas de Servicios Sociales.

Apostamos por el reforzamiento de la Atención Primaria en un momento además en que los trabajadores sociales adquieren mayor importancia. El papel que juegan las corporaciones locales en el desarrollo de esta Ley es clave, pues son también quienes acercan los servicios sociales a los ciudadanos. Por ello, este texto garantizará la adecuada coordinación entre la Administración Regional y las entidades locales de la Región, mediante la creación de un Consejo de Coordinación Territorial de Servicios Sociales.

A través de la Historia Social Única, de la figura del profesional de referencia o de la Tarjeta de Información Social buscamos una atención más personalizada, que dé respuesta a las necesidades de cada ciudadano.

La entrada en vigor de esta Ley supondrá un antes y un después en la Región. Significará una transformación en la calidad de vida de los murcianos, mejorará la prestación de los servicios y se ampliará el número de destinatarios, gracias a la mejor coordinación, evaluación y valoración de las prestaciones.

Todavía nos quedan muchos retos por superar. Pero nuestro compromiso pasa ahora por dotar de equipos y medios necesarios para que la implementación de esta Ley sea ágil y eficaz, en el menor tiempo posible.