Prolongada anormalidad

Vaya por delante que, en mi opinión, no vivimos una «nueva normalidad», sino una anormalidad prolongada. No podemos dar por bueno que las restricciones con las que vivimos sean algo normal. Son excepcionales y solo se justifican en el marco de ese Derecho Constitucional de emergencia para responder a esta pandemia.

Más allá, por mucho que en los tiempos excepcionales se imponga la lógica de que 'salus publica suprema lex' (el interés general es la ley suprema), en un Estado democrático de derecho debemos preocuparnos porque, también en esos momentos extremos, las garantías constitucionales sean eficaces y el ordenamiento jurídico prevenga abusos y restricciones desproporcionadas de nuestras libertades. Y aquí el balance no es todo lo satisfactorio que sería deseable. Ha habido importantes carencias, aunque debemos alejarnos de críticas burdas como hablar de dictaduras gubernamentales y de otros disparates que han llegado a escucharse.

Partíamos de un marco jurídico obsoleto: la ley orgánica de los estados excepcionales se redactó en el 81 pensando en el golpe de Estado del 23-F, y la que regula las medidas especiales en materia de salud pública es de 1983 y resulta muy vaga. Para colmo, a diferencia de otros países, el Parlamento en España ha sido el gran desaparecido y ha desaprovechado la ocasión para actualizar la normativa. Así que, con esos deficitarios mimbres, se intervino mal que bien. De los tres estados de alarma, solo el segundo, el de Madrid, creo que fue plenamente respetuoso con la Constitución. En el primero, la medida de confinamiento domiciliario supuso a mi entender una suspensión de la libertad de circulación que la Constitución no permite adoptar en el estado de alarma; y, el tercero, ha sido una mera ley habilitante que ha desnaturalizado el régimen del estado de alarma y sus garantías, con una prórroga tan extensa.

Aún así, lo que más me preocupa son ciertos efectos nocivos sobre el orden político institucional que podrían terminar quedándonos como una negra herencia. El primero es que el Parlamento ha quedado todavía más empequeñecido. Ha abdicado de su función legislativa, como he señalado, pero también de la función de control al Gobierno, esencial en un momento de crisis, y sus debates han sido más propios de un gallinero que de una cámara deliberativa. Ello termina por reforzar la deriva presidencialista de nuestro sistema político, para la cual no tenemos contrapesos democráticos adecuados. El segundo sería la evidente falta de un mínimo de lealtad institucional para coordinar actuaciones en un orden descentralizado. Y, el tercero, es la imagen del Derecho como algo líquido, que no ofrece certezas sino que puede ser maleado por la voluntad política.

En definitiva, cuando volvamos a la auténtica normalidad se abrirá un momento de reconstrucción nacional que será evidente en el ámbito económico y social, donde las secuelas van a ser durísimas, pero también en el jurídico-institucional. Estos serán los grandes desafíos de nuestra generación.