Borrar

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

La crisis del coronavirus ha hecho saltar por los aires nuestros proyectos. Observar los apuntes de este semestre en nuestras agendas causa un estupor nostálgico. Y, lo que genera aún más incertidumbre, es no saber cuánto se prolongará esto que el Gobierno llama «nueva normalidad» pero que nada tiene de normalidad. Ahora bien, lo que sí que resulta seguro es que, superada la emergencia sanitaria, va a ser necesaria la reconstrucción económica del país. Y ello va a exigir la adopción de decisiones políticas vitales, que podrán 'hipotecarnos' durante años y quizá décadas.

Es evidente, por tanto, que el escenario político actual es totalmente distinto de aquel en el que el Congreso de los Diputados invistió a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, allá en el lejano mes de enero. Por ello es legítimo preguntarse si es posible salvar la legislatura, después de que haya impactado este meteorito en forma de epidemia, y cuáles podrían ser los cauces constitucionales para afrontar el futuro político de nuestro país. Pues bien, tres son las vías que pueden plantearse: la primera sería que el presidente entienda que no se puede salvar la legislatura y, en consecuencia, convoque elecciones anticipadas. Para ello habría que esperar hasta septiembre, cuando se cumple un año de la anterior disolución (art. 115.3 CE). No obstante, esta opción no parece sensata, en la medida que celebrar nuevas elecciones exigiría superar antes la conmoción para poder votar con una cierta serenidad y perspectiva. La segunda posibilidad sería entonces que el presidente decida mantenerse enrocado a pesar de lo volátil de los apoyos que en su día le invistieron. Su posición está blindada constitucionalmente, ya que la moción de censura requiere mayoría absoluta y un candidato alternativo, algo que es impensable con la actual composición del Congreso. El problema es que esta solución condenaría a la inestabilidad, con un Gobierno con pies de barro parlamentarios. Se ha visto con la autorización de las distintas prórrogas del estado de alarma e, incluso, tal es su debilidad que el Gobierno ha renunciado a que se aprueben unos presupuestos para 2020, por lo que seguiremos con los que en 2018 diseñó el ministro Montoro. Como mucho, el presidente Sánchez puede tener la esperanza de ir obteniendo apoyos puntuales forjados en la recién constituida Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. Lo cual no salva esa indeseable precariedad. Pero, además, habría en esta posición un cierto 'fraude' democrático. Y es que cuando el Congreso le dio su confianza no solo invistió un presidente, sino que lo hizo sobre la base de un «programa político» (art. 99.2 CE), el cual, según lo dicho, es irrealizable.

Por todo ello, la tercera vía, que consistiría en que el presidente del Gobierno presentara una cuestión de confianza (art. 112 CE), se presenta casi como un imperativo democrático, por mucho que no sea exigible jurídicamente. A través de ella el presidente podría someter un nuevo programa político a la consideración del Congreso, que por mayoría simple le daría la confianza. En el caso de no obtener esta mayoría, el presidente tendría que dimitir. Una operación así no deja de comportar riesgos políticos, pero considero que es la más respetuosa con los principios que rigen nuestro sistema parlamentario. De ella tendría que salir un Gobierno con un programa de reconstrucción con el mayor apoyo parlamentario. Lo que exige también generosidad y grandeza por parte de la oposición. Además, sería deseable, inspirándose en los Pactos de la Moncloa, que su diseño partiera de un grupo de trabajo con especialistas, de composición plural (economistas, juristas, epidemiólogos...), consensuados por los distintos grupos parlamentarios y encabezados por alguien de indudable prestigio profesional y altura moral, con interlocución de los principales actores sociales, que hicieran unas primeras propuestas, sobre la base de las cuales sellar luego ese gran pacto político.

La guinda sería reestructurar el Gobierno para incluir ministros con experiencia gestora y conocimiento, idóneos para construir políticas reales, no puros relatos y guerras culturales; pero, si no es posible alcanzar un acuerdo aquí, los sillones no deben ser excusa para el bloqueo. Como tampoco debería haber exclusiones ideológicas; si algún partido se queda fuera que sea por su propio sectarismo. Y, por último, debe dejarse para otro momento la revisión de la gestión de la crisis. Habrá que hacerla –propondría para ello una comisión de investigación parlamentaria– con el objeto de evaluar las actuaciones del Gobierno (en realidad de los Gobiernos) y para aprender de lo sucedido. Pero ahora la prioridad ha de ser mirar adelante.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios