Solo sí es sí

La labor del juez penal se parece, en este sentido, a la de un cirujano que, con asepsia, debe acercarse a los hechos, operando con unas normas abstractas que deberá aplicar al caso concreto. Y debe hacerlo, además, con un prisma garantista. Lejos, por tanto, de ruidos mediáticos y visceralidades, por mucho que puedan chocar sus decisiones. En caso de error judicial, porque es cierto que puede haber malas sentencias, se prevé un sistema de recursos.

Sin embargo, en este mundo de redes sociales, cada vez se hace más difícil comprender esta fría pero garantista forma de operar jurídicamente. Se impone el eslogan viral. El último de ellos ha sido 'solo sí es sí'. Tras el crimen de la Manada, se empezó a cuestionar la regulación de los delitos contra la libertad sexual sin un conocimiento mínimamente riguroso. Ciertos grupos políticos vieron que podían sacar tajada y empezó la intoxicación de la opinión pública. El último episodio de esta saga ha sido la aprobación por el Gobierno de un proyecto de ley para reformar el Código penal.

Una lectura bienintencionada del proyecto llevaría a calificarlo, como hizo en su día el profesor Macanás, de pura pancarta. Esto, en sí, ya puede ser nocivo. Al convertir el arte de legislar en redactar panfletos, se corre el riesgo de cometer serios errores y de generar confusión. Algo en lo que incurre este proyecto al hacer un batiburrillo en el que se acaba con la distinción entre agresiones y abusos, y al introducir una innecesaria definición del consentimiento. Se obvia que el delito de abusos sexuales ya castiga cuando no hubiera consentimiento, y que tiene pleno sentido que haya otro delito, las agresiones sexuales, para aquellos supuestos más graves donde haya violencia o intimidación. Incluso, el Código penal contempla casos en los que el consentimiento no es válido (personas drogadas o sin sentido, abuso de superioridad...). Y la jurisprudencia había aclarado que no hacía falta que la víctima se hubiera resistido. El problema, como ya indicó el Consejo General del Poder Judicial, no está en la redacción de los delitos, sino en las dificultades en la prueba para destruir la presunción de inocencia. Una garantía insoslayable en la que no parecen creer quienes impulsan este proyecto normativo y apuestan por un 'yo sí te creo' sin más. Además, se propone incorporar un 'derecho a la reparación' que ya existía, y otras posibles ayudas públicas que dependerán de lo que se presupueste. Amén de un sistema de asistencia integral, que no entiendo por qué excluye a las víctimas que sean hombres.

En definitiva, estamos ante un nuevo ejemplo de populismo punitivo. No es solo que sea un proyecto malo técnicamente, el problema más grave es que en él late un espíritu que socava nuestras garantías. Y auguro que la tramitación parlamentaria no lo mejorará mucho. Hace unos años tuve que informar otro proyecto de reforma del Código penal impulsado tras la muerte de un ciclista. Fui demoledor porque se menoscaban algunas garantías basilares. Pero la razón jurídica sucumbió a la razón de la comunicación política y fue aprobado con amplia mayoría. La realidad de esta tele-democracia.