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El pasado martes, el presidente Sánchez presentaba tras el Consejo de Ministros 'su' plan para la desescalada, algo que ya había anunciado en su recurrente homilía de cada sábado. Un día después, el miércoles, se sometió al control parlamentario, esperando de la oposición su bendición con un 'amén'. Y, según se afirma en el documento aprobado por el Gobierno, este plan se ha elaborado teniendo en cuenta tanto el informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y las opiniones de otros expertos, así como de los responsables de las administraciones autonómicas y locales y de agentes sociales. El problema es que no conocemos ni quiénes son la mayoría de esos expertos ni lo que han propuesto.

Así las cosas, a mi entender este proceso de toma de decisiones no es el propio de una democracia de consenso o consociacional, como debería ser la nuestra, más aún cuando no existe una mayoría política clara y cuando la gravedad de la crisis reclama abandonar las facciones partidistas para concentrarse en la salvaguarda del interés general. Hace falta humildad política, decía recientemente Miguel Roca. Y añado: y mucha lealtad y transparencia. La oposición tiene que ser leal y colaborativa, pero el Gobierno deber dejarle espacio en la negociación de las decisiones. El proceso decisorio tendría que ser el inverso del hasta ahora seguido: que hablaran los expertos (siendo público quiénes son y cuáles son sus propuestas), para luego consensuar políticamente con oposición y autonomías las medidas, que serían adoptadas definitivamente por el Gobierno y, al final, presentadas a la ciudadanía por el presidente, a poder ser acompañado de los líderes de la oposición y de los presidentes autonómicos. Así se visualizaría que se trata de una respuesta de Estado. Además, estoy seguro de que el producto sería distinto y se habrían evitado muchas de las improvisaciones vistas hasta el momento.

A mayores, esta forma de funcionamiento de Moncloa evidencia una exorbitante deriva presidencialista. Recientemente lo ponía de manifiesto el profesor Aragón Reyes. No es algo ni exclusivo de nuestro país, ni nuevo en nuestro sistema político. El propio diseño constitucional es cierto que reforzó la posición del presidente, frente al Parlamento y también ante sus ministros. Además, el sistema de partidos ha ayudado poco, y sobre todo la elección en primarias de sus líderes ha exacerbado esta tendencia cesarista y ha anulado los contrapesos internos. También la práctica de los distintos presidentes ha ido incidiendo en esta tendencia. Recordemos a Aznar.

Ahora, con Sánchez, este hiperpresidencialismo está llegando a sus más altas cotas. Se observa en multitud de detalles estéticos, pero se apreció especialmente al estructurar su Gobierno. Nombró un jefe de gabinete todopoderoso, siguiendo el modelo presidencialista, y los ministros han quedado relegados a meros secretarios de la Presidencia. Pero, lo que más preocupa, es la forma de entender las relaciones con la ciudadanía y el Parlamento. La clave de bóveda de todo sistema parlamentario es, precisamente, la responsabilidad política del Gobierno ante el Parlamento. Los ciudadanos no elegimos al presidente, sino a nuestros representantes en el Parlamento (o, por ser más realistas, a los partidos que nos representan), y son estos los que tienen como primera misión llegar a acuerdos para investir un presidente sobre la base de un programa político, y luego controlar y fiscalizar su actuación. Al Gobierno le corresponde la dirección política del país, pero ello no puede llevar a descuidar la necesidad de someterse al control parlamentario y de pactar las grandes decisiones políticas.

Sin embargo, lo que estamos viendo es que el presidente Sánchez busca con sus intervenciones crear un vínculo directo con la ciudadanía, orillando al Parlamento. Monopoliza la adopción de todas las decisiones, no solo formalmente, sino que ni siquiera se presta a pactarlas con la oposición y con las Comunidades Autónomas –a estas últimas, en el mejor de los casos, las escucha–. Y en ese afán por controlar el 'relato' de la respuesta a la crisis se convierte en un Leviatán todopoderoso que busca controlar cualquier comunicación pública. Tanto que hasta se atreve a plantear la persecución de informaciones que puedan cuestionar la actuación gubernamental.

Todo ello representa una distorsión del funcionamiento adecuado de nuestro sistema institucional. También en tiempos de crisis las formas y los principios son importantes. Aquella 'De la esencia y valor de la democracia' que nos enseñara Kelsen hace cien años.

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