Lecciones europeas en la formación de gobierno

Se podría reforzar el peso del Congreso instaurando la práctica de que el candidato a presidente dé a conocer a sus ministros e, incluso, que se sometan al escrutinio parlamentario

Domingo, 15 de diciembre 2019, 00:38

El Parlamento Europeo votaba, el 27 de noviembre, la nueva Comisión, presidida por la alemana Ursula von der Leyen, después de las elecciones celebradas el pasado mes de mayo. En España, como es sabido, elegimos en abril un Parlamento que fue incapaz de investir presidente del Gobierno y, tras las elecciones del pasado 10 de noviembre, estamos inmersos en un incierto proceso de investidura. De ahí que resulte interesante comprender cómo se ha logrado formar gobierno en la Unión Europea por si pudiéramos aprender algo útil para nuestro país.

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Una comparación que es posible porque, con evidentes diferencias, tanto el sistema de elección de la Comisión Europea como el del Gobierno español responden a la lógica de un modelo parlamentario: los ciudadanos elegimos a nuestros representantes en el Parlamento y luego son estos quienes dan su confianza al Gobierno. Es cierto que a nivel europeo cobra también un particular peso el Consejo Europeo, que es el órgano que reúne a los jefes de Estado y de gobierno de cada país. En la Unión Europea, al tratarse de una organización supranacional, no solo hay que tener en cuenta los equilibrios derivados de las mayorías políticas con representación parlamentaria, sino también los intereses territoriales.

Así las cosas, cuando se celebran las elecciones europeas, el Consejo Europeo propone un candidato a presidente de la Comisión, el cual debe ser aprobado por la mayoría absoluta del Parlamento Europeo. De manera que el Consejo Europeo, en principio, es libre para proponer a quien entienda que tiene más posibilidades de alcanzar la mayoría parlamentaria. Sin embargo, en un intento de conectar más intensamente la propuesta de presidente con los resultados electorales, en 2014 se introdujo por la vía de hecho, sin cobertura en los Tratados, el conocido como Spitzenkandidat, un sistema en virtud del cual cada partido propone en las elecciones a un cabeza de lista a nivel europeo que, virtualmente, sería el candidato a presidente de la Comisión Europea si ese partido es el más votado. Una práctica que ha sido polémica y que finalmente, tras las elecciones de 2019p no se ha respetado, por lo que no ha podido consolidarse como una costumbre constitucional en Europa.

Y es que las elecciones europeas, como ha ocurrido en España, dieron lugar a un Parlamento fragmentado. Los dos grandes partidos europeos que en legislaturas anteriores habían logrado dar estabilidad a la Unión con pactos transversales no sumaban mayoría absoluta (el Partido Popular Europeo -182- y los socialdemócratas -154-, siendo la mayoría 376 escaños sobre 751). Por lo que había que añadir a terceros en el consenso: los liberales habían alcanzado 108 escaños y los verdes 74, y además han crecido notablemente partidos con ideologías radicales. Así, el Consejo Europeo descartó a los cabeza de lista y propuso a la política democristiana alemana, que era ministra de Defensa en Alemania y ni siquiera se había presentado a las elecciones europeas. Pero fue ella entorno a quien se logró ese consenso cualificado que le permitió conseguir la 'investidura', apoyada principalmente por populares, socialdemócratas y liberales. Podrían haberse explorado mayorías en la lógica 'derecha-izquierda', pero se tuvo claro que la estabilidad y el progreso de la Unión pasa por forjar una coalición transversal de partidos moderados.

Una vez designado el presidente de la Comisión, en este caso presidenta, le ha correspondido negociar con los gobiernos de cada país el listado de comisarios -uno por cada Estado miembro-, el cual primero tuvo que ser aprobado por el Consejo Europeo para luego someterse al examen individualizado en el Parlamento Europeo y a la posterior aprobación de la Comisión en su conjunto. En esta fase el Parlamento Europeo ha ido ganando cada vez más peso político y el examen que realiza de la competencia y conocimiento de los candidatos a comisarios -que serían un equivalente a nuestros ministros- es incisivo y exhaustivo. Por ejemplo, en este último proceso, el Parlamento rechazó a tres de los candidatos propuestos a comisario, incluido el francés. Por último, una vez superada la votación parlamentaria de todo el equipo, el Consejo Europeo designa por mayoría cualificada.

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De todo ello podríamos extraer tres lecciones para la investidura del presidente del Gobierno en España. En primer lugar, se podría reforzar el peso del Congreso de los Diputados instaurando la práctica de que el candidato a presidente dé a conocer a sus ministros e, incluso, que se sometan al escrutinio parlamentario para valorar públicamente su idoneidad.

En segundo lugar, en un sistema parlamentario no tiene sentido predicar necesariamente el gobierno del cabeza de la lista más votada y puede ocurrir que la persona que se elija como presidente ni siquiera haya concurrido a las elecciones. Lo importante es encontrar a quien sea capaz de alcanzar la mayoría parlamentaria y, para ello, es bueno que haya una autoridad neutral que ayude a explorar acuerdos. En España, el Rey tiene sus poderes muy limitados, pero podría apoyarse en la Presidencia del Congreso si cumpliera con su rol institucional y abandonara su vinculación partidista.

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Y, en tercer lugar, en contextos políticos polarizados puede ser mejor construir con el adversario ideológico pero con el que unen unos valores fundamentales, que con otros con quien 'a priori' puede haber más afinidad ideológica pero cuyo objetivo último quizá no sea compartido.

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