El Rey, ¿un intocable?
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Domingo, 28 de junio 2020, 09:19
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Un viejo aforismo sentenciaba que «el rey no puede hacer nada malo», lo que conllevaba como corolario que «el rey no puede actuar solo». Constitucionalmente esto se ha traducido en la prerrogativa de la inviolabilidad e irresponsabilidad regia: el Rey es intocable jurídica y políticamente, pero necesita del refrendo de sus actos normalmente por algún miembro del Gobierno. Ambos institutos no son algo exótico de nuestra Constitución, sino que se reconocen en las distintas monarquías parlamentarias e, incluso, en muchas repúblicas.
La inviolabilidad es un indudable agujero negro en la igualdad ante la ley. Además, en nuestro país se reconoce como plena, tanto por los actos institucionales como por los privados del Rey. En hipótesis, cabría la posibilidad de un rey 'delincuente'. Tiene su justificación, no ya histórica sino en una democracia moderna: se trata de preservar a la Jefatura del Estado de cualquier injerencia de otro poder, para sobreelevarla de contiendas políticas y judiciales, evitando que sobre ella penda cualquier género de amenaza o coacción. Ahora bien, para que la misma no repugne al ideal democrático, la inviolabilidad puede ser absoluta pero no eterna, por lo que debe ir asociada a la institución, y no a la persona. El Rey no es un intocable, lo es la Jefatura del Estado.
En las repúblicas esto es menos problemático: el mandato del presidente tiene un término y, además, suele haber fórmulas para poder juzgarlo por ciertos delitos. Sin embargo, en las monarquías parlamentarias la Jefatura del Estado es vitalicia y no suelen existir esas vías para exigir responsabilidades o para deponer al monarca. Aunque algunos textos constitucionales, como el caso de Suecia o de España, prevén procedimientos parlamentarios para su inhabilitación que podrían ser usados en un supuesto extremo.
No obstante, en España no ha sido necesario recurrir a vías extravagantes y la Corona ha sabido depurar las responsabilidades del anterior monarca con normalidad institucional: el Rey Juan Carlos, cuando entendió lo impropio de sus actos, en lugar de enrocarse, abdicó. Y con esa abdicación abrió la puerta a poder ser juzgado como 'cualquier' ciudadano.
Aunque sobre este último punto habría que hacer alguna precisión. En primer lugar, porque el Rey abdicado está aforado ante el Tribunal Supremo. Y, en segundo, porque existen dudas sobre la extensión de la inviolabilidad al Rey emérito. Es claro que el Rey emérito puede ser juzgado por todos los actos realizados después de abdicar. ¿Pero y por los que realizó cuando era Rey? De acuerdo con la exposición de motivos de la LO 4/2014, de 11 de julio, con valor meramente interpretativo, mantendría la inviolabilidad por todos sus actos mientras fue Rey «cualquiera que fuere su naturaleza». Pero ni el Tribunal Supremo ni el Constitucional parecen creérselo del todo. En mi opinión, la inviolabilidad debería permanecer sobre los actos que realizó como Jefe del Estado, no en vano fueron refrendados, pero no por sus actos privados mientras fue Rey.
Estas conclusiones creo que son aplicables al ámbito de las comisiones de investigación parlamentarias. No veo óbice jurídico para impedirlas en los términos señalados, aunque debería apelarse a la 'prudencia' política, ya que esta comisión de investigación puede resultar políticamente impertinente. Daría lugar a un circo mediático que degradaría nuestras instituciones, entorpeciendo que la Justicia avance con paso firme y tranquilo.
A mi entender, el desarrollo de este 'affair' regio evidencia la madurez de nuestras instituciones. El reinado de Juan Carlos I ha tenido un decepcionante final, pero no puede hacernos olvidar sus grandes servicios a la España democrática. El penúltimo de ellos fue abdicar, y el último quizá deba ser ponerse a disposición de la Justicia. Pero no es de recibo permitir que lo tiren al barro político. Al mismo tiempo, tenemos la garantía institucional de que hoy, la Corona, recae en el Rey Felipe VI, que desde su coronación hizo de la integridad pública su bandera y quien ha dado evidentes muestras de su leal compromiso como rey constitucional.
El Rey no nos representa, la representación política del pueblo reside en las Cortes que todos elegimos, pero sí que nos inspira y recuerda. El Rey nos inspira aquellos valores comunes que sostienen nuestra convivencia, personifica el ideal de servidor público, íntegro y neutral, al servicio del interés general y por encima de contiendas partidistas. Nos recuerda el sentido histórico del proyecto que compartimos; el pasado, presente y futuro de esa comunidad que desde hace siglos hemos dado en llamar España. ¿Se les ocurre alguien mejor que Felipe VI o Leonor para cumplir con esta función?
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