'Indirizzo politico'

En el periodo de entreguerras y, sobre todo, tras la II Guerra Mundial, la doctrina constitucional percibió que el Gobierno era un órgano cuyas funciones iban más allá de la puramente ejecutiva. El esquema clásico, donde el Parlamento aprueba las leyes que son expresión de la «voluntad general», y el Gobierno las ejecuta, dando actuación concreta a las mismas, resultaba insuficiente. Se advertía que este último había asumido una función especialmente importante de dirección política del país –'indirizzo politico', como fue bautizada en Italia–. Así, le corresponde al Gobierno de la nación fijar los objetivos y coordinar los distintos poderes públicos, movilizando los medios necesarios, para dotar de unidad a la acción estatal. La Constitución española lo contempla específicamente cuando le atribuye al Gobierno la función de dirigir «la política interior y exterior» (art. 97), algo que luego se apoya en una serie de facultades, que van desde la dirección de la Administración civil y militar, a la iniciativa legislativa y presupuestaria, o la potestad reglamentaria, entre otras.

En cualquier caso, lo que nos interesa ahora es simplemente destacar la idea de que el Estado, como conjunto de los poderes públicos de un país, debe ser dirigido por el Gobierno hacia unos fines o metas colectivas.

Recuerdo la relevancia de esta función porque, en un momento de grave crisis como la que vivimos, es cuando más importante resulta esa capacidad de dirección política, que, por un lado, tiene que gestionar una respuesta sanitaria urgente que se adelante a la expansión del virus, y que, por otro, ha de ser capaz de proyectar a medio e incluso largo plazo la reconstrucción económica. Unas políticas que reclaman liderazgo y responsabilidad gubernamental, pero también concertación a nivel político y social, con la colaboración leal de todos los niveles públicos (desde el europeo al último municipio), de mayoría y de oposición política, de los agentes sociales y de la ciudadanía en general. No basta con fotos y juegos escénicos, hay que plantear un proyecto riguroso, hacer las cuentas y no solo adjetivarlas bellamente. Y, sobre todo, resultan incompatibles con gastar tiempo y energías en 'guerras culturales' o con bloqueos y vetos partidistas.

De ahí que me preocupen profundamente las actitudes, quizá también aptitudes, que está mostrando nuestra clase política. Quienes tienen el deber de dar dirección al país evidencian su incapacidad para la planificación y para la gestión y, en lugar de buscar la unidad en la reconstrucción, no pierden oportunidad para hundirse en el lodazal de sus banderías partidistas. Obtienen victorias pírricas, por no decir mezquinas, con las que logran un titular que les permite enardecer a los fieles sacando los colores al adversario, cuando no directamente navajeando. Y, en el mejor de los casos, la atención política y mediática se centra en la última medida anunciada, en la ocurrencia con la que el 'responsable' político de turno trata de parchear la última gotera que haya aparecido. Mientras, languidecen las políticas públicas. Aquellas que exigen prospección y una cierta dosis de imaginación inteligente. En definitiva, aquellas cuyo diseño requiere aportaciones de quienes trabajan y saben, más que de unos sedicentes gestores políticos cuyo título suele ser haber promocionado en el pasilleo de los partidos desvinculados de su profesión, si es que en algún momento llegaron a ejercerla o siquiera a tenerla.

Porque, si de verdad queremos sobrevivir a esta crisis, o aún más, salir reforzados de ella (con la gracia solidaria de nuestros vecinos europeos) es necesaria una estrategia de país que oriente las inversiones y los planes de reforma. Lo cual implica ir más allá de refuerzos puntuales en algunos servicios públicos y de dictar protocolos y enmendarlos con la excusa de que la situación es cambiante, como se viene haciendo hasta el momento. Hay que aprovechar la inversión para introducir reformas sistémicas en nuestra economía y en las administraciones: ¿no sería una buena ocasión para digitalizar por fin la Justicia y para agilizar una burocracia esclerotizada? ¿O para renovar hospitales y escuelas? ¿O para apoyar a determinados sectores económicos estratégicos que reduzcan nuestra dependencia de los servicios y del turismo? Los fondos europeos serán una oportunidad, pero, si no queremos que se pierdan o se malgasten por el camino, es imprescindible que se dé esa dirección política. Precisamente la que nos falta. Por ello, nos encomendamos a agencias independientes. Conscientes, al final, del fracaso de la política. Y es que nuestro país adolece de una clase política fallida, que esperemos que no termine abocando a un Estado fallido.