¡Basta ya!

Por ello, su adecuado funcionamiento y su correcta composición son una cuestión capital para nuestra democracia. Algo que exige la renovación de sus miembros en tiempo y forma, pero también de acuerdo con el espíritu de la Constitución que reclama consensuar a personas que gocen de un reconocido prestigio y actúen con independencia. De ahí que, llegados a este punto, creo que debamos entonar un enérgico ¡basta ya!

Tengamos una cosa clara: el problema que está hoy día encima de la mesa no es si el modelo de elección de los miembros de estos órganos, previsto por la Constitución y desarrollado legislativamente, es mejorable. Que ciertamente lo es. El problema actual es el bloqueo institucional consecuencia de la incapacidad de los partidos políticos para ponerse de acuerdo en la renovación. Un bloqueo que resulta radicalmente antidemocrático.

Y, en este punto, el reparto de culpas no puede hacerse por igual. Pesa sobre el PP su actitud obstruccionista en los últimos años. Las excusas que ha ido poniendo para no negociar la renovación resultan peregrinas. En un primer momento, dijo que no quería negociar si Podemos estaba en la mesa. Algo inaceptable toda vez que se trata de un partido con representación parlamentaria. Con vetos así habría sido imposible aprobar nuestra Constitución. Ahora, la excusa es que quieren que se cambie antes la ley para que la mitad de los vocales del CGPJ los elijan los propios jueces y magistrados. Esta podría ser una buena reforma, en línea con lo previsto por la propia Constitución y con las recomendaciones que nos llegan desde Europa. Por lo que bienvenida sea esta propuesta, sobre todo cuando el PP no ha querido impulsarla mientras tuvo mayoría parlamentaria. Lo que no puede servir es para retrasar aún más la renovación de los mandatos ya caducados. Renuévense los órganos y, entonces, comiencen a negociar una reforma legislativa. Sobre todo porque el gran vicio en los nombramientos no deriva de un mal diseño normativo, sino de la mala práctica política de repartirse los cargos por cuotas para elegir a miembros afines.

Cierto es también que el PSOE no lo pone fácil y las declaraciones del ministro Bolaños afirmando que los jueces no pueden elegir a los jueces son francamente desafortunadas. Al final, los argumentos de unos y otros no dejan de ser más que 'parole, parole', como dice la canción. Excusas de mal pagador que encubren el afán por repartirse sillones y controlar a quienes deberían ser sus controladores. Por ello, haría bien en recordar el presidente Sánchez sus propias críticas a Rajoy en 2014, cuando lideraba la oposición: «Hay que despolitizar el órgano de gobierno de los jueces y que sea independiente. He propuesto al presidente (Mariano Rajoy) que los partidos dejemos de proponer candidatos».

A tales efectos, me aventuro a proponer una fórmula para salir de este bloqueo que no necesitaría ningún cambio legal. Solo sustituir una mala práctica (el reparto por cuotas) por otra buena. Acuerden abrir un proceso público de selección, para que puedan presentarse los candidatos que cumplan con los requisitos normativos; nómbrese una comisión de expertos independientes para que haga una valoración previa de la idoneidad de cada candidato, con un análisis exhaustivo de su trayectoria; sométanse a audiencias parlamentarias públicas a los candidatos; y, por último, consensúen los partidos la elección de los mejores, aquellos con mayor bagaje profesional e independencia de criterio. Es solo cuestión de voluntad.