Babel educativa

El sistema educativo español o, por mejor decir, los sistemas educativos en España, allí donde hay lenguas cooficiales, han configurado una tortuosa Babel lingüística: algunos territorios ofrecen a los padres la posibilidad de elegir la lengua vehicular (modelo de opción lingüística), sin perjuicio de que se imponga también el estudio del otro idioma como materia, o de que se dé como alternativa una formación bilingüe en ambos idiomas (País Vasco y Navarra). Otros optan porque sea la Administración educativa, de acuerdo con lo establecido en las correspondientes leyes autonómicas, la que imponga la lengua o las lenguas en las que se va a desarrollar la enseñanza (modelo de conjunción lingüística). Este último modelo, a su vez, puede ser de conjunción plurilingüe, cuando conviven varias lenguas repartiéndose el estudio de las distintas materias entre los idiomas cooficiales y, en ocasiones, también en algún idioma extranjero (unas asignaturas se estudian en español, otras en el idioma de la Comunidad y otras en inglés, por ejemplo). Es el modelo al que han tendido Valencia, Galicia y Baleares. Pero también puede ser de conjunción monolingüe o de inmersión lingüística en una sola lengua, que es por el que ha optado Cataluña. El catalán ha pasado a ocupar un lugar casi exclusivo en la educación, salvo para el estudio de la lengua y literatura española y de otras lenguas extranjeras, y algunas otras excepciones puntuales.

Este modelo de inmersión lingüística ha sido especialmente problemático y, de hecho, ha dado lugar a numerosos conflictos no solo políticos, sino también judiciales, de padres que han defendido el derecho de sus hijos a recibir la enseñanza en su lengua habitual. Por ello es normal que hayan saltado las alarmas con la aprobación de una enmienda a la Ley de educación que ha promovido la ministra Celaá, que suprime el reconocimiento del español como lengua vehicular en todo el Estado. Un conflicto que viene de lejos, ya que en Cataluña, desde hace cuatro décadas, se ha recurrido al mantra de la «normalización lingüística» como eficaz instrumento del que se han valido los partidos nacionalistas, con la aquiescencia cuando no con el colaboracionismo de partidos nacionales de uno y otro signo político, para realizar su proyecto de construcción nacional con tintes identitarios y excluyentes frente a lo español.

Uno de sus principales hitos tuvo lugar con la Ley 7/1983, de 18 de abril, sobre Normalización Lingüística, del Parlamento de Cataluña, que dio lugar a una desafortunada sentencia del Tribunal Constitucional que negó la existencia de un derecho constitucional a la libre opción de la lengua vehicular de enseñanza y legitimó el régimen de inmersión lingüística, que situaba el catalán como «centro de gravedad» en la enseñanza. Posteriormente, la Ley 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística y luego el Estatuto de Autonomía de 2006 avanzaron en esta senda. Ahora bien, mientras que en el año 1998, a pesar de que Aznar era presidente del Gobierno, aquella ley no se recurrió, el recurso frente al Estatuto de Autonomía catalán sí que permitió al Constitucional matizar su jurisprudencia. Así, en su STC 31/2010 precisó que existe una obligación constitucional de reconocer también al español como lengua vehicular, siendo los particulares titulares de un derecho a recibir la enseñanza en cualquiera de las lenguas cooficiales. Sigue admitiéndose que el catalán sea el centro, pero sin que se pueda excluir al español como lengua docente. En aplicación de esta doctrina, el Tribunal Supremo ha reconocido el derecho en la educación infantil a recibir la enseñanza en la lengua elegida por los padres y, en el resto de etapas, a que haya una «proporción razonable» de asignaturas en español, más allá de lengua y literatura. Y la conocida como ley Wert, en 2013, garantizaba que, si el modelo era de inmersión lingüística en una lengua cooficial, al menos tenía que haber una oferta alternativa con fondos públicos en la que el español fuera lengua vehicular. Todo ello desaparece con la enmienda aprobada.

De manera que, con la Constitución en la mano, se podrá reivindicar el derecho a recibir la educación en español en una «proporción razonable» pero parece que vuelve a pasar de largo el tren para apostar políticamente por un modelo lingüístico integrador y plural, no excluyente, alejado de postulados identitarios. Esa ley de lenguas que lúcidamente han defendido Juan Claudio de Ramón y Mercé Vilarrubias.