Marruecos, Sáhara y migrantes

Para el régimen marroquí, el Sáhara Occidental es intocable. De hecho, todas las crisis de España con Marruecos tienen como telón de fondo ese territorio. En noviembre de 1975, días antes de morir Francisco Franco, cuando el Sáhara Occidental era colonia española, el rey de Marruecos, Hassan II, organizó una marcha de 350.000 personas para «recuperar» un territorio que nunca le había pertenecido. España decidió abandonarlo y firmó un acuerdo con Marruecos y Mauritania, que significaba la entrega del territorio a Marruecos. La ONU no validó aquel pacto, reconoció la legitimidad de la lucha de los saharauis para lograr la autodeterminación y ordenó la realización de un referéndum para ello. Pero nadie movió ni mueve un dedo para que se realice. En 1991 el Frente Polisario, fuerza política saharaui, y Marruecos firmaron un alto al fuego.

Desde entonces Marruecos ejerce allí un control total, incumpliendo el Derecho Internacional, violando los derechos humanos de los saharauis y expulsando del territorio a activistas y periodistas que tratan de documentar tales abusos. Casi 200.000 saharauis viven en campamentos de refugiados en Argelia, país aliado de los saharauis.

¿Por qué el Gobierno español calla ante la flagrante ocupación ilegal de ese territorio? La mitad de las empresas del Ibex 35 tienen negocios en la zona. Marruecos es el primer exportador de pescado a España, con más de 100.000 toneladas y 1.600 millones de euros anuales. En los últimos siete años, España ha exportado a Marruecos material bélico por más de 500 millones de euros. Actualmente la empresa pública Navantia construye un buque de guerra para Marruecos, por unos 150 millones de euros. La empresa Siemens Gamesa construye allí cinco grandes parques eólicos, dos de ellos en territorio saharaui, por 2.800 millones de euros. La arena de las playas saharauis abastece las necesidades de construcción en Canarias, donde también se utiliza para rellenar las playas. Lamentablemente los intereses económicos están por encima de los derechos humanos y de los principios ético-morales.

En años recientes, además, Marruecos se ha convertido en un socio prioritario de España y de la Unión Europea en el marco de la 'externalización de las fronteras', para evitar la llegada de migrantes africanos. Parecería que todo vale para lograr ese objetivo: el apoyo a regímenes autoritarios, la militarización y blindaje tecnológico de las fronteras, los acuerdos de devolución de migrantes, la creación de centros de detención... En los últimos tres años España ha pagado a Marruecos 90 millones de euros por combatir y reprimir la inmigración irregular, a los que habría que agregar 35 millones en compras de vehículos policiales, drones, radares y equipo variado. Bruselas aporta a Marruecos unos 238 millones. España y Europa pretenden olvidar que las personas emigran para sobrevivir huyendo de la miseria y de la violencia.

¿Cuándo España y Europa se decidirán a ordenar y regular una inmigración legal que, por otra parte, necesitamos para nuestra propia sostenibilidad? Porque, no lo olvidemos, cada vez somos menos y más viejos. ¿Cuándo España y Europa aceptarán que la cooperación internacional con los países pobres debe enfocarse a ayudarles en su desarrollo, y no a garantizar la explotación de sus riquezas por nuestras empresas?

Mientras tanto, desde el 20 de mayo caminan hacia Madrid varias «marchas por la libertad del Sáhara» que han salido desde Canarias, Baleares, Galicia, Cantabria, Navarra, La Rioja, Cataluña, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana... Llegarán a Madrid el 19 de junio, y exigirán al Gobierno que deje la «estrategia de abandono y olvido» y se comprometa con un pueblo que en su día fue provincia española y que lleva 46 años ocupado bajo el yugo marroquí. Sería incoherente defender los derechos humanos y la justicia en otros lados y no hacerlo en un lugar donde tiene responsabilidad.