Legitimidad de la Corona

De momento y mientras el llamado régimen del 78 siga vigente, la legitimidad política en España la otorga la Constitución aprobada en referéndum por el 87,78% de los españoles. En su artículo 1.3 proclama que la forma política del Estado es la monarquía parlamentaria. Lo que implica que el Rey es el jefe del Estado pero no controla el poder ejecutivo. Su papel es fundamentalmente simbólico, pero de una gran trascendencia porque encarna la unidad y la permanencia de la nación. Y la noche del día 24 hizo honor a su rol constitucional que le encomienda la tarea de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones. La legitimidad real no proviene de la designación del dictador como apuntan partidos republicanos, sino de la proclamación de las Cortes Generales.

El propio historiador Paul Preston, poco sospechoso de tendencias conservadoras o de una visión histórica derechista, apunta en su obra sobre la Transición que, al recoger el texto constitucional en su artículo 57 que el Rey y sus sucesores son legítimos herederos de la dinastía histórica, «eliminó de un plumazo los orígenes franquistas de la monarquía». Esa proclamación fue refrendada, por ejemplo, en Cataluña por el 90,5% de la gente, en Andalucía por el 91,9% y en el País Vasco por el 69,1% pese a que el PNV apostó por la abstención. Partido que, a través de su portavoz en el Congreso, sugería también estos días que el Rey debería renunciar a su inmunidad para modernizar la institución. Pero la inmunidad es una prerrogativa que prevé la Constitución para garantizar una defensa eficaz frente a cualquier tipo de injerencias de los otros poderes del Estado, de determinados sujetos que ocupan cargos públicos, en atención a su posición y representación como asiste también a los miembros del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo y sus adjuntos.