Educación en libertad

Nunca he entendido bien del todo en qué consiste el concepto de libertad educativa, esa idea pomposa y un tanto maquiavélica con la que se llenan algunos padres la boca para decirnos que tienen todo el derecho a educar a sus hijos de la manera que mejor les plazca y al margen del Estado, porque consideran que la instrucción pública añade a los conocimientos de sus vástagos matices ideológicos peligrosos que curiosamente proceden siempre de la esfera social de una izquierda a la que temen como a un íncubo. A cambio pretenden catequizar a su modo a los nuevos cachorros en instituciones y con profesores controlados por ellos mismos en aras a esa sacrosanta libertad educativa que proclaman a todas horas, pero, y aquí está lo que no he entendido nunca, con los dineros del Estado, una especie de educación por el Estado pero sin el Estado, con sus ideas y su control, pero pagada por todos nosotros.

Y no lo he entendido, porque viviendo como vivimos en un país democrático y libre, cuyos servicios básicos han sido diseñados para todos, pongamos por caso, el régimen de vacunaciones infantiles, las pruebas para la obtención del carné de conducir, la sanidad y la educación o los requisitos para poner una pizzería, no ha lugar su recelo acerca de las mejores intenciones de pedagogos, programadores, profesores e inspectores, cuyos credos políticos y religiosos no les importan a nadie, con respecto a la competencia de sus hijos. Sé que las infraestructuras, la organización y los profesores los ponen ellos, que se supone una educación gratuita como la pública aunque en realidad no lo sea tanto, que como el valor en el ejército, damos por hecho la formación de su profesorado, aunque nuestros interinos se hallen en franca desventaja, porque a estos sí los obligamos a presentarse a unas oposiciones en cada convocatoria para obtener unos puntos que les permitan trabajar en una aula en tanto no las aprueban del todo.

A este sistema lo llaman la concertada, porque de la privada ni siquiera hablaré, aunque el Estado tenga los mismos derechos a controlarla; las carnicerías y los bares son negocios privados pero pasan obligatoriamente unos controles de calidad esenciales.

Pensándolo bien todos tenemos derecho a elegir la educación y la sanidad para los nuestros, aunque eso conlleve una mercantilización de algunos servicios públicos imprescindibles del mismo modo que cuando uno entra en unos grandes almacenes o en una joyería cree a veces que él y los suyos merecerían estrenar a menudo ropa cara y de moda, relojes de oro, coches deportivos y tal vez tal vez una esposa o un esposo más complacientes y más atractivos, pero, como cantaba Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

Con nuestro dinero y nuestras influencias podemos hacer lo que nos plazca, salvo infringir la ley; podemos comprar un hospital y un colegio para nuestro uso particular o elegir una cárcel a nuestro gusto para cumplir una condena, como hizo el yernísimo, pero no parece justo que exijamos a nuestros conciudadanos sus caudales para sufragar los caprichos de la libertad de cada uno.

Llevo más de tres décadas impartiendo clases y siempre he entendido la libertad en estos pagos como un intercambio fluido de pareceres y opiniones entre los alumnos y el profesor con respeto e inteligencia sobre cualquier tema de la asignatura o cualquier asunto transversal que vaya surgiendo sobre la marcha, porque uno eligió esta profesión para comunicar libremente los valores comunes que nos unen y acatar con tolerancia las diferencias que nos significan. Por eso no creo en una educación de un color concreto ni a la carta, sino más bien en una propuesta de convivencia y reciprocidad intelectual y ética bajo el amparo de unos derechos iguales para todos y cuya única libertad posible consista en obtener una óptima instrucción pública para compartir con los otros los valores de la vida.