Las formas con las que ayer se resolvió la entrega del hijo de Juana Rivas a su padre, Francesco Arcuri, dan una idea del excesivo ... tira y afloja que mantienen ambas partes con el niño de por medio. Daniel, de 11 años, salió del juzgado protegido por la Policía en compañía de Arcuri, mientras su hermano mayor, de 19, denunciaba a su progenitor por supuestas coacciones en un intento infructuoso por obstaculizar el regreso del pequeño a Italia.
Precedido de fuertes presiones, un despliegue judicial sin precedentes y una sobreexposición insoportable, el desenlace deja la triste convicción de que no se ha protegido todo lo que se debía al menor, auténtica víctima de un trance ya duro de por sí. Es legítimo que sus padres defiendan el derecho a la custodia que les reconoce la ley, incluso a través de los tribunales cuando fracasa el pacto en la intimidad de la pareja.
Pero nunca debe ser a costa del más vulnerable. Cierto es que el caso está salpicado de claroscuros y graves acusaciones mutuas -Rivas, investigada por un presunto delito de sustracción de menores; y Arcuri, pendiente de juicio por maltrato a sus hijos en su país-. Quizá lo más sensato del doloroso trámite haya sido dejar actuar a la justicia.
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