Antonio León y el Mar Menor

Aunque no sea una descripción de una catástrofe posnuclear, no deja de ser un buen eslogan para espantar a millones de turistas, año tras año, valga la ironía. A la vista de las circunstancias que concurren en la contaminación del Mar Menor y del conjunto de administraciones que tienen competencias en la reanimación de la albufera (Unión Europea, Gobierno de España, Gobierno regional y ayuntamientos), se hace necesario crear un organismo de gestión y coordinación en el que puedan integrarse las administraciones citadas y el resto de partes interesadas que están dispuestas a colaborar aportando soluciones.

Algo que no es tan descabellado, ya que el pasado 25 de febrero, se aprobó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, cuyo objetivo principal era la protección y recuperación integral del Mar Menor. Apostando por todo tipo de soluciones: medioambientales, para la agricultura, para la pesca y para el turismo. El Gobierno de España anunció hace escasos meses unas inversiones de 145 millones en los próximos años.

A estas medidas de ayuda se suma la que puso encima de la mesa el Gobierno regional con inversiones por valor de 122 millones en los próximos 10 años para reducir la contaminación en este entorno.

A este problema se unen los ayuntamientos de San Pedro, San Javier, Los Alcázares, Torre Pacheco, La Unión y Cartagena. Todos ellos hacen lo que pueden con los pocos recursos económicos disponibles. La pandemia les está afectando muy significativamente, pero deberían tener como objetivo prioritario acabar con los vertidos de aguas residuales de forma inmediata implicando más a las empresas concesionarias como Aqualia, Hidrogea y Acciona.

Parece que la recuperación del Mar Menor entrará en los proyectos a financiar por la Unión Europea en el futuro, una magnífica oportunidad para la puesta en marcha de una gran alianza público-privada que se materialice en un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica.

Señalando el camino hacia la solución está la Fundación Ingenio, una organización civil, integrada por 10.000 agricultores, cooperativas, empresas hortofrutícolas, comunidades de regantes y Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) del Campo de Cartagena, que trabajan en el desarrollo de soluciones técnicas y sostenibles para la agricultura en la zona del Campo de Cartagena. Su presidente es Adolfo García, director de Camposeven, que personifica el liderazgo emergente de la agricultura sostenible y el ecologismo integrador.

La sociedad civil se ha aglutinado en torno al Pacto por el Mar Menor, una plataforma creada por personas y organizaciones sociales, profesionales, culturales, ecologistas y sindicales con diferentes sensibilidades políticas que se unen por el deseo de conservar los valores ecológicos, culturales y económicos. El objetivo de la plataforma es evitar la muerte de la laguna.

También han dado un paso hacia delante las tres universidades de la Región. La UMU promueve una iniciativa legislativa popular para que el Mar Menor tenga personalidad jurídica, y la UPCT y la UCAM desarrollan proyectos de investigación aplicada. En concreto, la Católica lidera esta hazaña con el uso de inteligencia artificial 'Smartlagoon' para lograr la sostenibilidad de la laguna salada, movilizando cuatro millones de euros de la UE.

A la vista del gran número de 'stakeholders', de sus intereses, de sus motivaciones, de sus responsabilidades, cabe hacerse varias preguntas:

¿Es posible que haya más organizaciones en torno a esta causa, haciendo cada una, la lucha por su cuenta? ¿Hay algún espacio donde todas estas organizaciones, personas y entidades se hayan sentado juntas, con ánimo constructivo? ¿Hay alguien sobre el terreno que coordine el trabajo que realizan todas estas administraciones y organizaciones y que lidere con agilidad la recuperación del Mar Menor?

La dispersión existente nos ha traído hasta el desastre actual. Como dice una alumna, «la vida está muy desordenada». Alguien debería coordinar y ordenar todo esto, por ejemplo, un consorcio propuesto y creado por el Gobierno de España que, al fin y al cabo, es la Administración que más dinero va a poner sin ser la responsable del desastre, eso sí, con el acuerdo y el concurso de todos los demás.

Soy consciente de que es una propuesta con riesgos, pero lo peor es no intentarlo. Como decía el añorado Antonio León Martínez-Campos, «la capacidad para resolver pacíficamente los conflictos constituye un buen indicador del grado de madurez alcanzado por los pueblos». Nos merecemos que alguien dé continuidad al trabajo de Antonio por esta tierra.