Terremoto en Panamá: ¿Son legales las 'offshore'?

Una filtración de documentos sobre los activos financieros de presidentes y personalidades de todo el mundo ha provocado un terremoto en el mundo de las finanzas. Y es que se ha revelado que una docena de jefes de Estado o primeros ministros -como el rey de Arabia Saudí, Salman Bin Abdulaziz; el presidente argentino, Mauricio Macri; y el mandatario islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson-, otros 128 políticos y 61 familiares o personas muy vinculadas a líderes de 50 países -caso del ruso Vladimir Putin- aparecen junto a conocidos artistas -como el actor Jackie Chan-, deportistas -el futbolista Leo Messi o el presidente de la UEFA Michel Platini- y profesionales de otros ámbitos como propietarios de estructuras monetarias en paraísos fiscales.

El caso se ha conocido como «los papeles de Panamá». Dichos documentos abarcan casi 40 años de trabajo interno de la firma panameña Mossack Fonseca, desde 1977 hasta diciembre de 2015. Incluyen correos electrónicos, cuentas bancarias, bases de datos, pasaportes y registros de clientes del despacho y revelan información oculta de 214.488 sociedades 'offshore' conectadas con más de 200 países.

Pero lo cierto es que la creación de sociedades 'offshore 'en Panamá es legal. La ilegalidad se comete al no comunicar al fisco del país de residencia que se es titular de la sociedad.

¿Qué es una sociedad 'offshore'?

Las sociedades 'offshore', según la empresa Foster Swiss, son empresas que se caracterizan por estar registradas en un país, normalmente un paraíso fiscal, en el que no realizan ninguna actividad económica o comercial. Por este motivo se les llama también sociedades no residentes. Estas sociedades no realizan ninguna actividad económica en el territorio, es decir, apenas tienen actividad en la jurisdicción donde se crean, por lo que se benefician de incentivos fiscales, ya que al no desarrollar actividad, suelen estar libres de impuestos o pagar tasas muy bajas.

Los costes de las sociedades 'offshore' se reducen a una cuota de registro, estimada entre 200 y 600 dólares al año, y un coste de constitución que tampoco suele exceder de los 1.000 dólares. Estas cantidades varían dependiendo de dónde esté situada la sociedad, señalan desde Foster Swiss.

¿Para qué se utilizan?

Estas sociedades pueden poseer activos en cualquier sitio y dedicarse a cualquier cosa. «No es necesario que su junta de accionistas se reúna o tengan oficina en el paraíso fiscal, ni siquiera empleados. Pueden tener acciones en otras sociedades, y conformar así un holding de empresas», destacan desde Foster Swiss. Su constitución tiene como misión desarrollar una correcta planificación fiscal, es decir, la optimización en el pago de impuestos, de forma legal. La ilegalidad de las 'offshore' proviene de otros usos: por ejemplo, esconder beneficios procedentes de actividades delictivas, y ocultar patrimonio para evitar el pago de impuestos.

¿Son legales?

A pesar de su legalidad, su uso está directamente relacionado con los principales casos de corrupción y fraude al fisco, de ahí que lo tachen de una actividad inconstitucional y clandestina. Como comentan desde Foster Swiss, la creación de estas sociedades es legal, siempre y cuando se declaren, y no se constituyan para facilitar la comisión de delitos. Prueba de la legalidad de las mismas es que casi todas las multinacionales españolas que cotizan en el índice Ibex-35 tienen filiales 'offshore' para operar en otros países. Y conocidas multinacionales internacionales como Ikea, Starbucks, Google o Apple, entre otras, las utilizan para desviar beneficios.

¿Cómo salir airoso en los conflictos con Hacienda?

Alejandro del Campo, del despacho DMS Consulting, explica dos estrategias para salir airoso del conflicto con Hacienda. Por un lado, lo que él ha denominado «estrategia penitencia: regularizar imputando en IRPF de 2012 el valor de los bienes como ganancia patrimonial no justificada en base imponible general. De esta manera, pueden resultar a pagar cuotas en torno al 50 por ciento del valor de los bienes imputados, y sobre esas cuotas Hacienda podría exigir el correspondiente recargo por declaración extemporánea (15/20 por ciento) e intereses de demora.

La otra sería la estrategia riesgo total: declarar fuera de plazo sin regularizar antes en IRPF, y sin poder acreditarlas como ganancias patrimoniales justificadas, que puede suponer, aparte del recargo en la tarifa del IRPF, hasta el 52 por ciento más un recargo del 150 por ciento, más una multa mínima de 1.500 euros». Del Campo recuerda que en contra del derecho comunitario este delito no prescribe, como se encargó de repetirlo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.