QUEMAS AGRÍCOLAS: ¿PROHIBIMOS Y GESTIONAMOS?

JUAN PABLO FERNÁNDEZ TRUJILLOCATEDRÁTICO DE LA UPCT

La quema de residuos es una amenaza conocida y reconocida para la salud de las personas y el medio ambiente, incluyendo aquellas con supuestos efectos antiheladas (Pedro Belmonte, 'Nuestra Tierra', 2018). En Murcia, las quemas de residuos agrícolas con carácter general están prohibidas por la ley de residuos de 2011. La excepción es quema por razones de sanidad vegetal (probada), de forma muy controlada y supervisada, y fuera de épocas de riesgo, como indica la norma regional de 21 de marzo de 2019 y otras normas relativas a protección contra incendios que se van adoptando.

El pertinaz avance de eventos asociados o reforzados por el cambio climático sigue su curso, y esta época de riesgo cada vez es más susceptible de provocar incendios forestales, y no hablemos ya de la quema de pastos en el norte de España. La supresión de quemas reducirá emisiones de CO2 y enfermedades a las personas, generando economía circular.

Aun así, me surgen muchas preguntas. ¿Qué va a ocurrir con esa supervisión de quemas? ¿Se usará la excusa de las plagas para continuar haciendo lo mismo que antes por parte de algunos propietarios? ¿Se volverá a cambiar la norma, como ocurrió en años anteriores, adaptándola a presiones diversas a nivel local o regional? ¿Se dan instrucciones claras a los agentes medioambientales (los que queden, que eso da para otro artículo) y, en algún municipio, incluso a la Policía municipal? ¿Van a denunciarse todos los incumplimientos? ¿Se escuchará a interesados y agentes medioambientales y se integrará todo ello para solucionar el problema? ¿Se contará con inspección vía satélite?

La gestión de la recogida de residuos y su tratamiento 'in situ' (triturado, compactado, peletizado incluso) es posible, pero el problema es fundamentalmente doble: socioeconómico (nadie quiere pagar el gasto) y de gestión de los mismos.

En cuanto a la gestión, se propone un sistema de avisos con aplicaciones de mensajería instantánea, que funcionan con teléfono móvil (y se controlan desde una central con ordenador), indicando, además de propietario, geoposición del lugar de recogida, tipo de residuo agrícola, etc.

En cuanto al aspecto socioeconómico, se propone un sistema integrado que reciba e integre las solicitudes, para minimizar desplazamientos que reduzcan el uso de combustibles fósiles en el proceso, y elija la mejor opción de tratamiento o/y traslado a planta de biomasa/compostaje. La implementación de programas para el pequeño o mediano agricultor o propietario ayudará en 2-3 años a normalizar las relaciones con la Administración, y quizás a abordar nuevos retos. Estos programas funcionan mejor si generan empleo local y suponen una empatía con el medio rural, que conoce el terreno, aunque no sea un negocio lucrativo para grandes empresas.

Como siempre, la clave suele ser quién paga esto y el control efectivo de las medidas para evitar la vuelta atrás. Una posible opción es la fabricación de 'pellets' para estufas que, en parte, compense la inversión inicial que haga la consejería del ramo (con o sin fondos europeos). En cuanto a la aplicación de gestión, es fácil desarrollarla y usarla para otros usos del futuro próximo, donde la energía de combustibles fósiles sea más escasa. El tiempo apremia y este es un ejemplo de medidas que tendrán que ir adoptándose en el futuro. Por cierto, con transparencia en el proceso de recogida y mostrando datos en tiempo real, siempre manteniendo la confidencialidad que la ley obliga. ¡Gestionemos la prohibición!