El Defensor del Pueblo enmienda a Carreteras y Medio Ambiente por la cantera de Zeneta

Imagen de archivo del aspecto de la zona tras la extracción de áridos junto a Zeneta. /LV
Imagen de archivo del aspecto de la zona tras la extracción de áridos junto a Zeneta. / LV

Da la razón a los vecinos por la deficiente gestión de la extracción de áridos, pese a las denuncias

Pepa García
PEPA GARCÍA

Aunque la respuesta llega tarde -la respuesta del Defensor del Pueblo está sellada el pasado 9 de mayo- porque las labores de extracción de tierras de la zona de Préstamo 1, junto a la pedanía de Zeneta, para la construcción de la Autovía del Reguerón concluyó en el mes de febrero, los vecinos afectados sienten alivio al ver que, «por una vez, no echa balones fuera y reconoce que todo se ha hecho mal».

Los vecinos solicitaron amparo al Defensor del Pueblo a finales de 2018, después de más de un año de reclamaciones y denuncias ante la Consejería y la Fiscalía de Medio Ambiente, la Dirección General de Salud Pública, el Seprona, la CHS, la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera y la Demarcación de Carreteras. Unas denuncias sin efecto, como ahora reconoce el Defensor del Pueblo.

Fernando Fernández Marugán constata la falta de transparencia, «la Secretaría de Estado no ha remitido la documentación necesaria para identificar el préstamo (...). La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) no contiene delimitación alguna del préstamo», y tampoco está accesible al público. Según el Defensor, la documentación aportada por Carreteras «hace dudar de que los impactos de la explotación autorizada hayan sido adecuadamente valorados», algo preceptivo. Además, afirma que, «verificar que la extracción de áridos se ha realizado de manera no molesta, podría haberse acreditado con facilidad» y no se ha hecho.

El Defensor del Pueblo incide en que, pese a haber denuncias de incumplimientos por parte de los vecinos, no se llevaron a cabo las medidas de vigilancia y corrección que la normativa establece; y, de las visitas de la Dirección Ambiental de la Obra de la Demarcación de Carreteras, afirma que «se desprende falta de rigor para exigir las medidas correctoras y asegurar su cumplimiento». Pese a que el informe de 25 de junio de 2018 constata que se superaron los niveles de partículas PM10 en suspensión permitidos, no se remiten informes posteriores, ni sanciones o penalidades contractuales por incumplimientos y destaca que las mediciones comenzaron en abril de 2018, tras las denuncias vecinales y de casi un año de trabajos.

Fernández Marugán tira de las orejas a las administraciones responsables por no paralizar la extracción con vientos mayores de 20km/h, como establecían las medidas correctoras, y por no actuar: «Aunque el principal responsable de asegurar que la actividad no contamina es la Dirección General de Carreteras (...), la Consejería no puede permanecer inactiva ante denuncias fundadas de los ciudadanos sobre la contaminación que padecen», pues «a la Comunidad Autónoma le corresponde el desarrollo normativo y la ejecución de competencias en materia de protección de medio ambiente y de contaminación atmosférica y evaluación de la calidad del aire».

Igualmente, el Defensor del Pueblo reprende a la Administración por no iniciar procedimientos sancionadores pese al incumplimiento reiterado de las medidas preventivas, para lo que están facultadas tanto Carreteras como Medio Ambiente. «Ninguna ha actuado con decisión para resolver el problema de contaminación denunciado».

Además, con respecto al impacto paisajístico y sobre la vegetación denunciados, el Defensor del Pueblo constata que la Consejería autorizó el movimiento de tierras el 5 de diciembre de 2017, cuando los trabajos se habían iniciado el 17 de junio anterior: «una actividad sin autorización» que debería haber supuesto un procedimiento sancionador.

Seguirán vigilantes

Y advierte a ambas administraciones de que, concluidas las labores de extracción, debe iniciarse la restauración y revegetación de toda la zona afectada, conforme al plan redactado. Precisamente en este punto inciden ahora los vecinos, que esperan que la Administración cumpla adecuadamente. Pues, como denunciaron a principios de mayo, la zona había quedado con unos enormes 'cráteres' convertidos en lagunas tras las lluvias y «con taludes casi verticales, de más de 30 metros de tierra suelta y sin vegetación. Esto puede suponer un gran peligro por corrimientos de tierra o posibles caídas de personas, principalmente niños».

El pasado jueves, los vecinos se reunieron con técnicos de Política Forestal para tratar sobre la respuesta del Defensor y la restauración de la zona que, reconocen, «han reiniciado tras nuestra denuncia». Y advierten de que estarán vigilantes porque, «según la conversación con los técnicos, están estudiando autorizar la conversión de los terrenos forestales de uno de los tres propietarios de las tierras a explotación agrícola».