«El colectivo profesional de la abogacía es especialmente vulnerable a los ciberataques»

Jaime Sardina, con el premio de la Cátedra José María Cervelló. J. S./
Jaime Sardina, con el premio de la Cátedra José María Cervelló. J. S.

Trainee en el Departamento de Fiscal de Garrigues

S. TRIGUERO.

Acaba de ganar con su estudio 'La ciberseguridad como deber deontológico del abogado' el premio que entrega la Cátedra José María Cervelló. Graduado en Derecho y ADE en Icade (Universidad Pontificia de Comillas), el trabajo es un aviso a navegantes acerca de la vulnerabilidad de los abogados frente a los ciberataques.

El premio tiene gran prestigio por cuanto representa esta cátedra, dependiente del Instituto de Empresa (IE), que se creó en honor a José María Cervelló, abogado del Estado y profesor del IE, que fundó los programas jurídicos de IE Law School y dejó una importante huella por su calidad humana y carisma. Dicha cátedra se dedica a la concesión de becas a alumnos sin recursos para cursar estudios de Derecho en IE Law School, así como a la promoción de la investigación jurídica. Asimismo, el galardón es patrocinado por el despacho de abogados Ontier.

-El colectivo profesional de la abogacía es especialmente vulnerable ante ciberataques en tanto su práctica profesional diaria se desarrolla, en gran medida, en soporte digital (los datos de clientes y la información del despacho se almacenan en bases de datos internas o nubes privadas, la mayor parte de los escritos se presentan de manera telemática, etc.). Junto a lo anterior, y dado el valor e interés que puede tener la información de determinados clientes para terceras personas, el despacho podría ser objeto de ataques intencionados con el objeto de obtener dicha información para el lucro del ciberdelincuente. Como dato, un estudio de NetDiligence reflejado en el trabajo advierte que el sector de servicios profesionales (en el que se incluye la abogacía) es el más afectado por ciberataques (según el estudio, un 18% de estos ataques se dirigen a dicho sector).

-En relación con los intereses públicos, cabe mencionar que el Estado y sus organismos no están exentos de amenaza en este campo, en tanto su actividad también depende, en gran medida y cada vez más, de plataformas digitales. En este sentido, un ataque a algún sistema del Estado puede ocasionar graves perjuicios para los intereses públicos. Un ejemplo de ello, cercano al mundo de la abogacía, fue el ataque de denegación de servicio que sufrió Lexnet en 2017 (Lexnet es la plataforma a través de la cual se realizan las notificaciones entre Juzgados y procuradores), lo cual perjudicó gravemente, durante unos instantes, el normal funcionamiento del sistema judicial. En relación con los intereses privados, esta práctica delictiva puede ocasionar perjuicios económicos y reputacionales importantes. De hecho, el miedo a un perjuicio reputacional es lo que lleva a muchas empresas a no alertar de los ataques sufridos y limitarse a asumir el coste económico que puedan ocasionar los mismos.

-Cómo afrontarlo y qué medidas tomar dependerá, evidentemente, del colectivo profesional del que estemos tratando, pues unos estarán más expuestos que otros al mundo digital. Para aquellas profesiones que desarrollen su actividad en plataformas digitales, es fundamental adoptar las medidas de precaución y seguridad adecuadas. En este ámbito, está trabajando mucho el Instituto de Ciberseguridad Nacional (Incibe), ofreciendo propuestas y recomendaciones concretas a los distintos sectores profesionales. Entre dichos sectores profesionales se encuentra el de la abogacía, al que el Incibe ha realizado Guías específicas en relación con la ciberseguridad.

-El trabajo ha sido recibido con sorpresa, debido a la novedad del tema tratado; la ciberseguridad sigue siendo la gran desconocida de la práctica profesional diaria, siendo tratada únicamente por los departamentos de IT.

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