Los socialistas ralentizan la reforma legal que impediría indultar a los soberanistas

Pedro Sánchez abandona el pasado 10 de octubre el hemiciclo tras la sesión de control al Gobierno./EFE
Pedro Sánchez abandona el pasado 10 de octubre el hemiciclo tras la sesión de control al Gobierno. / EFE

Dilatan en el Congreso los plazos de tramitación para no cerrarse las puertas a un eventual perdón a los dirigentes del 'procés'

María Eugenia Alonso
MARÍA EUGENIA ALONSOMadrid

El PSOE volverá a echar el freno esta semana a la reforma de la ley de indultos, que los de Pedro Sánchez impulsaron en el Congreso cuando estaban en la oposición para no conceder este perdón a los condenados por corrupción o por violencia machista. El Partido Popular introdujo en febrero una enmienda que añade a esta reforma la prohibición expresa de indultar a los penados por delitos de rebelión y sedición. Desde entonces los socialistas tratan junto con Esquerra Republicana de paralizar los trabajos en la Mesa de la Comisión de Justicia, en donde tienen mayoría, para acometer una reforma legal que dejaría al Ejecutivo sin margen para indultar a los dirigentes independentistas si son condenados por el Tribunal Supremo.

Primero retrasaron la toma en consideración de la iniciativa presentada por los conservadores y ante la amenaza de una votación inmediata en el pleno sobre la materia, que obligaría al PSOE a retratarse en el hemiciclo, la desbloquearon. Ocho meses después la ponencia quedaba finalmente constituida dando el pistoletazo de salida a unos trabajos relativamente rápidos y para los que el reglamento del Congreso concede un plazo inicial de quince días.

Sin embargo, los socialistas no han dejado de jugar con los tiempos parlamentarios para ralentizar la reforma de la ley de indultos, que data de 1870 y que apenas ha sufrido modificaciones desde entonces. Antes de entrar en materia solicitaron primero un informe a los servicios jurídicos de la Cámara y ahora -después de que Sánchez dejase abierta la puerta a indultar a los políticos catalanes encausados-, pedirán la comparecencia de un grupo de expertos en este tema.

Tiempos parlamentarios

El partido en el gobierno argumenta que es mejor abrir primero una ronda de comparecencias para ilustrar al Congreso sobre una cuestión que consideran muy compleja y así se lo trasladará al resto de grupos parlamentarios en la reunión de este martes. Enfrente, el PP insiste en que esta solicitud «no tiene ninguna justificación» y teme que las comparecencias puedan extenderse durante meses mientras la Mesa de la comisión así lo decida y sin que exista, a priori, ningún límite temporal.

Con este movimiento, PSOE y Esquerra alterarán además la tramitación parlamentaria ordinaria ya que lo habitual es que las comparecencias se celebren antes de que termine el trámite de enmiendas, para que así los grupos puedan recoger las sugerencias o mejoras de los expertos en la nueva ley. «No es el momento procedimental de iniciar una ronda de comparecencias de expertos una vez acabado el plazo de presentación de enmiendas», denunció hace unos días el representante del PP ante la Comisión de Justicia, Jaime Olano.

Ciudadanos forzará este mes un debate

Ciudadanos está dispuesto a seguir al PP y dar la batalla política para impedir, o al menos dificultar, que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda conceder un indulto a los dirigentes independentistas que acaben siendo condenados por la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. La formación de Albert Rivera forzará este mes una votación en el Congreso contra esta posibilidad, con el objetivo de que las fuerzas políticas, y en particular el Ejecutivo, se pronuncien al respecto.

Los socialistas replican que «no hay ningún entorpecimiento ni ninguna mano negra» como arguyen los populares y justifican su decisión en que, en un tema «tan delicado», «no es descabellado» emplear más tiempo en oír a expertos para que aclaren «algunos matices». «Parece razonable que ya que la vamos a tocar, lo hagamos bien», argumentó el portavoz de Justicia del PSOE, Juan Carlos Campo.

La situación política convierte este asunto en un tema muy delicado para el Gobierno por los equilibrios que tiene que hacer en su relación con la Generalitat y con los partidos independentistas sobre los que se sostuvo la moción de censura que abrió a Sánchez las puertas de la Moncloa. PP y Ciudadanos acusan desde hace semanas al Ejecutivo de cambiar «indultos por Presupuestos» y han promovido iniciativas en la Cámara baja para frenar esa posibilidad, que decaerán por la aritmética parlamentaria.

El presidente del Gobierno mientras tanto, rechaza opinar sobre lo que considera meras «hipótesis»; y los secesionistas aseguran que nunca pedirán el indulto -condición indispensable para obtenerlo- porque «sería aceptar que han cometido un delito» y ellos, en palabras de Quim Torra, «no son culpables de nada».

 

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