300 horas de juicio en un sustantivo: sedición

El presidente del tribunal que Manuel Marchena (c), junto a los magistrados (de izda a dcha) Luciano Varela, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral /Efe
El presidente del tribunal que Manuel Marchena (c), junto a los magistrados (de izda a dcha) Luciano Varela, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral / Efe

Acusados y acusadores aceptaron sin controversia los hechos enjuiciados en el Tribunal Supremo, auque sus visiones, antagónicas, nunca llegaron a acercarse

MELCHOR SÁIZ-PARDO y MATEO BALÍNMadrid

Fueron 52 sesiones y más de 300 horas de vista. Por el Tribunal Supremo pasaron 422 testigos en un desfile de declaraciones que casi no tiene precedentes en la historia judicial española. Un despliegue de medios humanos y técnicos hercúleo durante cuatro meses exactos que, sin embargo, no hizo cambiar un ápice las posiciones de partida de acusaciones y defensas.

El juicio del 'procés', cuya sentencia se dará a conocer muy probablemente este lunes, fue en realidad un grandísimo diálogo de sordos, en los que unos y otros mantuvieron férreas sus posiciones, planteamientos y reproches. Visiones antagónicas que en ningún momento llegaron a acercarse, a pesar de que la inmensa mayoría de los hechos enjuiciados no fueron objeto de debate y fueron aceptados sin controversia por los acusados y por los acusadores: hubo ocupación de los colegios el 1-O; hubo uso de la fuerza por parte de la Policía y la Guardia Civil para llegar a las urnas; se aprobaron leyes de desconexión: la multitud se echó a la calle los días previos ante los registros de la Guardia Civil y en los días posteriores para protestar por las cargas; los procesados llamaron a participar en el referéndum...

Retransmitido en directo

Harina de otro costal es el relato que de esos idénticos hechos hicieron unos y otros. Sobre todo sobre dónde, quién y en qué grado ejercició violencia. Y ahí las versiones de los protagonistas del proceso que tuvo lugar entre febrero y junio de este año en el Supremo van desde la noche al día. Desde la gravísima rebelión (en grado consumado, tentativa o conspiración) que amenazó a España como Estado, pasando por la sedición que ponía contra las cuerdas la seguridad de toda la nación, a la casi inocua penalmente desobediencia civil por muy masiva que fuera. Todo ello, salpicado o no, con la malversación.

Sustantivos muy diferentes para los mismos hechos. Y es que si algo quedó claro en las sesiones judiciales de la pasada primavera es que el 'procés' fue un acontecimiento totalmente público, retransmitido en directo por los medios de comunicación y las redes sociales, y que dejó un rastro documental en forma de imágenes, tuits y ruedas de prensa imposible de contradecir.

Las divergencias entre 25 años de cárcel por uno de los más graves delitos contra el orden constitucional y la libre absolución vinieron del relato que se hizo por ambas partes de esos mismos hechos indiscutidos. Las diferencias irreconciliables vinieron de la interpretación de lo ocurrido aquellos días y particularmente aquel 1 de octubre en los colegios electorales en los que intervino la Policía Nacional y la Guardia Civil.

En esencia, donde la Fiscalía, en palabras del acusador Javier Zaragoza, vio un «alzamiento violento», el procesado Jordi Cuixart, presidente de la plataforma Òmnium Cultural, apreció el «mayor acto de desobediencia civil de Europa» y sin rastro de violencia.

Trazo grueso

En las últimas jornadas del larguísimo juicio se hizo todavía más patente ese abismo entre las dos posiciones extremas entre las que el tribunal que preside Manuel Marchena se ha movido para redactar la sentencia. La Fiscalía, en su alegato final y tras exhibir más de un centenar de vídeos y presentar las declaraciones de decenas de agentes para intentar demostrar la violencia aquel otoño de 2017, hizo un informe de conclusiones maximalistas, sin matices, según el cual el juicio dejó patente que el procés fue un verdadero «golpe de Estado». Nada de una simple intentona secesionista fallida o una revuelta «sediciosa». Un «alzamiento violento» perpetrado a través de una «rebelión consumada» que tuvo su punto álgido en la declaración unilateral de independencia (DUI) del 27 de octubre de 2017. Una asonada, con violencia aunque sin armas, que pretendió sustituir un «orden jurídico por otro», derogando parcialmente la Constitución con el objetivo «de escindir una parte del territorio nacional».

Acusaciones altisonantes que fueron respondidas también con trazo grueso por las defensas. «Exageraciones», «mentiras», «derecho penal del enemigo» con el fin de silenciar la disidencia… En su turno de final los acusados tampoco se centraron en unos hechos que nadie discutió. La vista se convirtió en un mitin: «Es injusto para este tribunal que tengan que resolver un problema político (Jordi Sànchez); «Del resultado de este juicio depende la calidad de la democracia del Estado español» (Jordi Cuixart); «No existen suficientes cárceles para encerrar el anhelo de libertad de un pueblo» (Josep Rull)…

¿Rebelión? ¿Sedición? ¿Desobediencia? ¿Tentativa? ¿Conspiración? ¿Absolución? La sentencia ya ha escogido entre estos sustantivos y sus diferentes grados. La expresión que resume esa inmensa riada de alegatos, testigos, acusaciones, mítines y declaraciones que hablaban de una misma realidad, la de aquel otoño de hace dos años, entendida, eso sí, desde prismas totalmente opuestos es sedición.