La factura de las urnas

Municipios, comunidades y diputaciones provinciales afectadas por casos de corrupción en esta legislatura, o heredados de la etapa anterior, han sufrido en casi todos los casos el castigo de los votantes el 24 de mayo. Las listas bajo cuyas siglas fueron alcaldes, concejales o presidentes imputados o que están siendo investigados, buena parte de los cuales dimitieron o fueron apeados de estos comicios, han perdido las mayorías con estrépito o directamente han pasado al ostracismo.

De estos núcleos urbanos o parlamentos regionales afectados por la corrupción han emergido partidos de nuevo cuño, candidaturas populares participadas por Podemos o las de Ciudadanos, y han ganado peso listas municipales independientes o formaciones de izquierda, caso de Compromís en Valencia.

En suma, de este mapa autonómico de la corrupción surgen tras el 24M ayuntamientos más fragmentados que nunca, con una orquilla de entre cinco y ocho listas representadas. Esta pluralidad conlleva la dificultad intrínseca de formar gobiernos y, de manera posterior, la loable tarea de mantener la estabilidad.     

Así se han portado las urnas en los 'puntos negros' de la corrupción:

     Galicia: El impacto en esta legislatura de los casos judiciales ha afectado a todas sus capitales provinciales. Y el epicentro de los dos procedimientos más densos ha sido Lugo, en donde dos juzgados instruyen 'Pokemon y Campeón' de tramas de subvenciones públicas. El alcalde lucense José Antonio Orozco, en el cargo desde 1995 e imputado, sufrió una estrepitosa derrota al perder un tercio de los votos y tres concejales. Aunque aún podría gobernar con un tripartito. En La Coruña y Santiago de Compostela, las 'mareas ciudadanas' han sido la fuerza más votada en detrimento de las mayorías del PP y el descalabro de los socialistas. En Ferrol, en donde alcalde estuvo imputado, los populares pierden apoyo y en Orense, cuyo exregidor socialista fue detenido en el 'caso Pokemon', ha recuperado la alcaldía el PP.

     Madrid: Tres casos han pivotado sobre la comunidad y varios ayuntamientos, Gürtel, Púnica y el ático del expresidente Ignacio González. Los municipios del noroeste afectados por la primera trama apenas se han visto afectados en las urnas. En Pozuelo, con la mayor renta por habitante del país, y Boadilla, el PP ha vuelto a ganar con mayorías absolutas. Sin embargo, pierde ese apoyo en plazas como Majadahonda o Arganda del Rey. Con respecto a Púnica, trama que se ha gestado en esta legislatura, sí ha habido un vaivén electoral. Valdemoro ha cambiado de PP a Ciudadanos y la 'patria' socialista de Parla ha dejado paso a los populares, aunque ambos ayuntamientos están abiertos a pactos. La Comunidad de Madrid también ha sido foco de corrupción y el PP ha perdido medio millón de votos, una quinta parte del total, y 24 escaños, pero ha mantenido in extremis la posibilidad de gobernar si pacta con Ciudadanos.

     Valencia: En pocos territorios el PP ha tenido tanto poder territorial durante tantas legislaturas. Y en casi ninguna ha pegado con más fuerza la corrupción municipal y autonómica. Con una participación por encima de la media, 71%, los ciudadanos han castigado con dureza a los populares y han aupado a los partidos emergentes y a Compromís. El PP podría perder nada menos que la Generalitat y las ciudades de Valencia, Alicante y Castellón con los posibles pactos de izquierda. Solo en la Generalitat el presidente Alberto Fabra, que ha tratado de responder con dureza a los múltiples episodios de corrupción, ha perdido unos 540.000 votos y casi 23 puntos. Mientras que Rita Barberá en Valencia, 102.000 sufragios y diez concejales. Alicante, con tres alcaldes en esta legislatura, el PP ha sufrido un descalabro histórico y en Xátiva (Valencia), controlada por el expresidente de la Diputación Alfonso Rus, ha pasado de primera a tercera fuerza al perder la mitad de los votos.

     Cataluña: Más allá de los procedimientos instruidos contra exaltos cargos de CIU -casos Palau, ITV o Pujol-, la corrupción municipal ha tenido un nombre propio, Sabadell. Base de la operación Mercurio en 2012, su alcalde Manuel Bustos, del PSC, fue detenido y dimitió, y los ciudadanos han castigado al partido con la pérdida de la mayoría absoluta. Al consistorio han entrado hasta ocho partidos.

     Castilla y León: La deriva leonesa de la trama Púnica de subvenciones y contratos públicos afectó a la Diputación, con la detención del presidente y del interventor. Este caso tuvo un poderoso eco en la provincia y secuelas en el PP leonés, que se ha dejado la mayoría en la capital y ahora depende de Ciudadanos para gobernar. En la capital regional, Valladolid, el alcalde León de la Riva ha perdido también la mayoría. Una condena por un delito de desobediencia le inhabilitará durante trece meses y está obligado a renunciar a su acta de concejal. Su presunta prevaricación en la revisión del plan de ordenación, por el que estuvo imputado un año, ha sido la puntilla.

     Andalucía: Azotadas por los ERE y los cursos de formación, que tuvieron un impacto menor en los comicios autonómicos de marzo, la corrupción municipal ha tenido dos escenarios, Jerez de la Frontera y la Diputación de Almería. En el ayuntamiento gaditano, la regidora popular investigada en Gürtel se dejó un tercio de los votos y la alcaldía si pactan los grupos de izquierda. En Almería capital, los populares perdieron con estrépito la mayoría, pero podrían pactar con Ciudadanos.

      Murcia: El 'caso Nova Carthago' sobre recalificaciones de terrenos ha tenido un impacto importante en Cartagena, con su alcaldesa Pilar Barreiro bajo sospecha. El PP se dejó casi la mitad de los votos (22.500) y de salir un tripartito de izquierda también perdería la alcaldía, que gobierna desde hace 20 años con mayoría absoluta.