La justicia pasa factura a la corrupción

Un histórico presidente autonómico que ha confesado que oculto millones de euros en Suiza durante décadas, otro que además fue ministro y que acaba de ingresar en prisión para cumplir nueve meses por tráfico de influencias mientras arrastra numerosas causas pendientes o un todopoderoso exbarón regional del PP y presidente de diputación durante 16 años que ha sido condenado a cuatro años de cárcel por otros tantos delitos fiscales.

Jordi Pujol, Jaume Matas y Carlos Fabra son tres de los más significativos ejemplos de políticos cuyas irregularidades han colocado a la corrupción como la segunda fuente de preocupación para los españoles, tan solo superada por el desempleo.

Partido Popular, PSOE, Convergència y Uniò son los partidos que más casos acumulan en sus filas, como también son los que más poder reúnen en sus manos.

PP: Gürtel y sobresueldos

El Partido Popular se ha visto golpeado a lo largo de los últimos años por distintos escándalos de corrupción aunque ninguno del calibre de la trama Gürtel y la supuesta caja B de la formación controlada por su extesorero Luis Bárcenas. Según el juez Pablo Ruz, la red dirigida por Francisco Correa se embolsó millones gracias a contratos y adjudicaciones públicas en la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana. El magistrado también cree que parte de ese dinero pudo servir para financiar ilegalmente al PP e investiga si con esos fondos el partido pagó en negro sobresueldos a sus dirigentes, tal y como ha confesado Bárcenas.

A nivel autonómico los populares también se han visto sacudidos por casos de corrupción, especialmente en la Comunidad Valenciana, donde la condena a Carlos Fabra no es un caso aislado. Decenas de ex altos cargos durante la presidencia de Francisco Camps se enfrentan a problemas con la justicia, muchos de ellos por su relación con la rama de Gürtel en esta región. El exvicepresidente Víctor Campos se declaró culpable de cohecho mientras otro número dos de la Generalitat, Vicente Rambla, está imputado por financiación ilegal. Y la lista continúa. El exconsejero Rafael Blasco ha sido condenado a ocho años de prisión por quedarse con fondos destinados a la cooperación internacional; Juan Cotino, actual presidente de la cámara regional, es investigado por el desvío de dinero durante la visita del Papa a Valencia en 2006; la alcaldesa de Alicante y su predecesor, Sonia Castedo y Luis Fernández Alperi, están encausados por favorecer presuntamente a un empresario. Se trata de una batería de escándalos que, según las encuestas, amenazan con desalojar al PP el Gobierno autonómico.

Si Alberto Fabra, el sustituto de Camps al frente de la Generalitat, lleva tres años inmerso en una operación de limpieza en su partido, José Ramón Bauzá, en Baleares tampoco ha tenido una tarea sencilla. Al igual que Matas, varios de los que fueron sus consejeros se han visto envueltos en casos de corrupción. José Juan Cardona, ex responsable de Comercio, cumple 16 años de cárcel por desviar más de cinco millones de fondos públicos.

En Galicia también se investigan irregularidades de dirigentes populares. José Luis Baltar, el autodenominado «cacique bueno» y presidente de la diputación de Orense durante 22 años, ha sido condenado esta semana a nueve años de inhabilitación por enchufar a 104 personas afines al PP. En esta misma comunidad, la ciudad de Santiago de Compostela lleva tres alcaldes populares en esta legislatura tras la dimisión de los dos primeros por asuntos relacionados con la corrupción.

PSOE: Los ERE de Andalucía

El PSOE tiene en el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía su mayor caso de corrupción. En 2009 una desconocida juez Mercedes Alaya comenzó a investigar la 'mordida' exigida por los responsables del mercado mayorista hispalense Mercasevilla a los empresarios que pretendían abrir una escuela hostelera en sus terrenos. Una 'mordida' que vincularon a la adjudicación de futuras subvenciones de la Junta de Andalucía. Fue precisamente aquí de donde, al descubrirse vínculos de la trama con cargos del PSOE, surgieron las pesquisas en torno a los ERE fraudulentos.

Tras cuatro años y medio de instrucción y 201 imputados en la causa, entre ellos medio centenar de ex altos cargos de la Junta, el caso está a punto de pasar al Tribunal Supremo dado que las pesquisas de la Guardia Civil apuntan a que tanto el expresidente autonómico Manuel Chaves como varios de sus exconsejeros, entre ellos el también expresidente José Antonio Griñán, promovieron y consintieron la implantación de un sistema irregular de ayudas a empresas en crisis con total arbitrariedad y al margen de cualquier fiscalización, según la juez. Una fórmula que, además de causar menoscabo de los fondos públicos, permitió a su vez que florecieran empresas vinculadas a dirigentes del PSOE de Sevilla o conocidos del exdirector general de Empleo Javier Guerrero creadas exclusivamente para conseguir fondos, y que surgieran decenas de intrusos en las regulaciones de plantilla o que cobraran comisiones millonarias por parte de los bufetes y sindicalistas que participaban en la tramitación de los expedientes. Los ERE han supuesto un terremoto entre los socialistas andaluces. A raíz de la investigación, Griñán dimitió y cedió el paso a Susana Díaz, quien nombró un nuevo gobierno en el que no hay ningún consejero relacionado con el caso.

La Fiscalía también ha remitido a juzgados de todas las provincias andaluzas las diligencias para investigar el presunto fraude en los cursos de formación para desempleados subvencionados por la Junta y que no se impartieron. Los investigadores que destaparon en Málaga el denominado 'caso Edu' hablan sin dudar de una «posible compra de votos» como motivación de esta red «clientelar».

Dirigentes socialistas municipales también se han visto salpicados por irregularidades en Cataluña y Galicia. En la primera el alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, y el número dos del partido, Daniel Fernández, entre otros, han tenido que renunciar a sus cargos a raíz de la 'operación Mercurio', en la que se investigan irregularidades urbanísticas y tráfico de influencias. En Galicia el alcalde de Orense, Agustín Fernández, está imputado por prevaricación. Su antecesor en el cargo, Francisco Rodríguez, renunció en 2012, tras ser encausado en el marco de la 'operación Pokemon', que gira en torno a posibles sobornos de la empresa Vendex a cambio de adjudicaciones. El primer edil socialista de Lugo, José López Orozco, también figura en la misma causa aunque sigue al frente del consistorio.

Convergencia y Uniò: dos socios, investigados

La investigación sobre el origen de la fortuna de la familia Pujol es la más importante pero no la única causa por corrupción que afecta a Convergència Democrática de Catalunya, uno de los dos socios de CiU. Una de ellas es el 'caso de las ITV', en el que también está involucrado uno de los hijos del expresidente, Oriol Pujol. En él se investiga si hubo un amaño para conceder a determinadas empresas estaciones para este servicio. Además, la formación liderada por Artur Mas tiene su sede embargada por orden judicial al estar considerada como responsable a título lucrativo del desvío de 30 millones de fondos públicos del Palau de la Música.

Por la otra parte, Uniò es el único partido junto al PSOE que ha sido condenado por financiación ilegal. El 'caso Pallerols' destapó una trama que desviaba fondos europeos de formación a las arcas al partido de Josep Antoni Duran Lleida. El exsecretario de Organización, Vicenç Gavaldà, fue condenado a siete meses. Pese a no contar con antecedentes, el juez ordenó su ingreso en prisión como medida ejemplarizante.

CiU sufre a día de hoy un desgaste que la llevó a quedar como segunda fuerza en las pasadas europeas por detrás de ERC, una caída que puede explicarse, en parte, por sus escándalos de corrupción. La confesión de Jordi Pujol puede convertirse ahora una losa para sus intereses electorales.