Llarena deja sin escaños a Puigdemont y a cinco diputados procesados por el 1-O

El juez Pablo Llarena Conde. / EFE

El juez comunica al Parlament la suspensión «automática» de los acusados por rebelión por imperio de la ley y da por concluido el sumario

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

Un día después de que Pedro Sánchez y Quim Torra se reunieran en el palacio de la Moncloa, un encuentro que sirvió para escenificar una nueva etapa de «normalización» de las relaciones entre el Gobierno y la Generalitat tras el cisma del 'procés', el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado nada menos que ocho autos en la causa abierta a los líderes separatistas procesados por delitos de rebelión, malversación de caudales públicos y/o desobediencia.

Pese a que todas las resoluciones están fechadas el lunes, Llarena ha dado 24 horas de tregua para que el presidente del Ejecutivo tratara de recomponer los puentes de diálogo que saltaron por los aires tras la deriva secesionista del Gobierno de Carles Puigdemot, procesado en rebeldía y huido en Alemania. Pero los ocho autos de Llarena han caído de golpe y, como era previsible, han vuelto a tener una repercusión capital en la vida política de la Generalitat y del Parlament.

En síntesis, el juez instructor de la causa del 'procés' acordó la conclusión del sumario respecto a los procesados no fugados. Declaró en rebeldía a los siete huidos acusados, es decir, su ausencia no afectará a la celebración del juicio. Y comunicó al Parlament la suspensión en las funciones y cargos públicos del expresidente Carles Puigdemont y de los otros cinco diputados en activo procesados por delitos de rebelión: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sánchez. Todos, salvo Antoni Comín, que podrá recurrir en reforma su procesamiento aunque su futuro como parlamentario también parece escrito.

En esta resolución, la que más trascendencia tiene para el funcionamiento mismo y el equilibrio de fuerzas en la Cámara catalana, Llarena recordó que la medida de suspensión «es automática por imperio del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim)» y dejó al Parlament la posibilidad de que los procesados suspendidos puedan ser sustituidos por otros integrantes de sus candidaturas.

Dicho artículo, recordó el juez del Tribunal Supremo, contempla la suspensión de sus funciones o cargo público para los procesados por rebeldía que se encuentren en situación de prisión (en el caso de los huidos también se dictó en su día auto de busca, captura y encarcelamiento). Asimismo, configura una medida cautelar de naturaleza pública y extraordinaria que persigue preservar el orden constitucional, «impidiendo que personas que ofrecen indicios racionales de haber desafiado y atacado de forma grave el orden de convivencia democrática puedan continuar en el desempeño de una función pública de riesgo para la colectividad».

No obstante, esta decisión es meramente provisional, ya que la suspensión quedaría sin efecto si finalmente se atribuye a los procesados otras infracciones penales distintas de la rebelión, o si se modifica la situación de prisión provisional a la que están sujetos, lo que supondría la reactivación de sus derechos.

«Mayoría parlamentaria»

En cualquier caso, Llarena añade que esa suspensión provisional del escaño «no puede imponer que los grupos parlamentarios en los que se integran los procesados hayan de renunciar a su mayoría parlamentaria durante el período de la suspensión de los cargos; como tampoco resulta coherente que una suspensión provisional imponga, como única manera de mantener la mayoría parlamentaria, que los suspensos renuncien definitivamente al derecho de representar a sus electores».

El auto de conclusión de la investigación supone que, a partir de ahora, Llarena pierde la competencia respecto de los procesados, a quienes les emplaza para que comparezcan ante el tribunal de enjuiciamiento en el plazo de 15 días. Este órgano estará presidido por Manuel Marchena y podrá revisar cualquiera de las resoluciones conocidas ayer.

Entre ellas, el juez deniega la petición de libertad del exconseller de Interior Joaquím Forn por riesgo de reiteración delictiva y de fuga; rechaza incluir en esta causa a Neus Lloveras, diputada de Parlament y alcaldesa de Vilanova, y Miquel Buch, alcalde de Premiá de Mar, investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación; y, por último, acordó dejar sin efecto la solicitud realizada al Ministerio de Hacienda para que elaborase un informe respecto de la documentación entregada por la Generalitat sobre los gastos desde 2017.

El secesionismo avisa con no acatar la suspensión

La operación diálogo (segunda fase) chocó estemartes con la decisión del juez Pablo Llarena de suspender a seis de los diputados procesados por rebelión ya que la CUP y JxCat amenazaron con desobedecer al juez y regresar a la vía del enfrentamiento con la justicia española. Desde el Gobierno catalán denunciaron que el auto del juez del Supremo pretende «alterar las mayorías» en el Parlamento catalán y supone «una nueva vulneración de los derechos de los diputados». «Hay un apartheid contra políticos escogidos democráticamente y que somos suspendidos de manera arbitraria», afirmó Carles Puigdemont, uno de los afectados por la medida decretada por Llarena. El presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, también denunció la voluntad del magistrado de «adulterar» el resultado del 21-D y señaló que la Mesa del Parlamento decidirá los próximos días cómo responde al juez.

Se esperan días movidos, ya que las posiciones en el independentismo son, como es habitual, divergentes. La más contundente fue la CUP. Los anticapitalistas llamaron abiertamente a la desobediencia. «Los derechos de los diputados que han sido represaliados injustamente tienen que quedar intactos independientemente de la resolución de cualquier tribunal. La competencia para decidir esto es del Parlamento», dijeron.

JxCat también dejó la decisión de acatar o no en manos de lo que decida el pleno. «Prevalece la soberanía del Parlamento y la suspensión la tiene que decidir el pleno votando, porque es soberano», según Junts per Catalunya. Esquerra cargó contra el juez por «modificar la voluntad democrática escogida en las urnas», pero en cambio no fue tan lejos como sus socios. Se conjuró para defender los derechos de los diputados suspendidos, si bien pidió tiempo para estudiar los pasos a seguir. Si la Mesa desobedece a Llarena, corre riesgos penales, aunque Roger Torrent ha evitado hasta la fecha cruzar esa línea roja.

 

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