Sánchez descarta el 155 ante el nuevo «ataque a la convivencia» de los independentistas

La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá. /Efe
La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá. / Efe

Considera que no se dan las condiciones fijadas por el Constitucional para poner en marcha la intervención

Ramón Gorriarán
RAMÓN GORRIARÁNMadrid

El Gobierno reconoce que las resoluciones aprobadas el jueves por el Parlamento de Cataluña con los votos de los independentistas constituyen «un ataque a la convivencia» que busca «tensionar» la situación, pero no son razón suficiente para la aplicación del artículo 155. No se trata de matar moscas a cañonazos, hay que actuar con «prudencia y serenidad». Aunque también es necesario que el presidente de la Generalitat sea «muchísimo más exigente» con los radicales que abrazan las vías violentas.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez considera que lo vivido el jueves en el Parlamento catalán es un ensayo general de la respuesta que preparan los independentistas a la sentencia del Supremo en el juicio del 'procés'. Admite que la aprobación de una batería de resoluciones en el debate de política general en el Parlamento de Cataluña supone el desafío más serio desde el otoño de 2017. Regresaron imágenes de crispación y enfrentamiento que no se veían en la Cámara desde los tormentosos debates de las leyes de desconexión de España el 6 y 7 de septiembre de hace dos años. Todo ello en vísperas de que se conozca la sentencia del Supremo en el juicio a los líderes del 'procés'. Un cóctel muy inestable ante el que Gobierno pidió «calma».

La portavoz gubernamental volvió a recordar este viernes a Torra, ya lo había hecho Pedro Sánchez el pasado miércoles desde Nueva York, que, como presidente de la Generalitat, está obligado a cumplir y hacer cumplir la ley, y a desmarcarse de los grupos violentos, o potencialmente violentos, que anidan en las filas secesionistas. Como los siete miembros de una fracción extrema de los CDR, recordó la ministra, que tenían material para fabricar explosivos y objetivos fijados, según admitieron dos de los detenidos por la Guardia Civil.

Las mociones aprobadas por el Parlament son el reto soberanista más grave desde el otoño de 2017

Isabel Celaá dio también por hecho que el Gobierno tomará «la decisión política» de recurrir ante el Constitucional las resoluciones adoptadas por el Parlamento de Cataluña. No lo ha hecho hoy porque los textos no están publicados en el boletín oficial del Parlamento de Cataluña y no tienen, por tanto, fuerza legal. JxCat, Esquerra y la CUP aprobaron una resolución que rechaza «las imposiciones antidemocráticas» del Estado español y defiende la «legitimidad de la desobediencia civil e institucional» ante esa situación. También acordaron que ante la próxima sentencia del Supremo a los líderes del 'procés' la respuesta de Cataluña sea el ejercicio de la autodeterminación y la exigencia de una amnistía para los condenados. El colofón fue exigir la retirada de la Guardia Civil de Cataluña por su carácter de «policía política».

Intereses electoralistas

Lo que no va a hacer el Gobierno, por ahora, es activar los mecanismos constitucionales para aplicar el artículo 155 en Cataluña. «Si fuera necesario» porque «se dieran las circunstancias», aseguró la portavoz, se daría el paso. Pero ahora, remarcó, «no se dan» por más que algunas fuerzas de la oposición lo reclamen. Celaá se refería a Ciudadanos que día sí, día también presiona al Gobierno para que active el 155. «¿A qué espera, a que nos maten?» Se quejaba el jueves entre épico y desesperado el presidente de los liberales en la Cámara catalana, Carlos Carrizosa. No así el PP, que en esta ocasión no ha solicitado a Pedro Sánchez la intervención de la Generalitat y se ha limitado a reclamar a los socialistas que rompan sus acuerdos municipales con los independentistas en Cataluña. Una prudencia a tono con el giro moderado que Pablo Casado quiere imprimir a los populares.

El PP se desmarca de Ciudadanos y evita solicitar la intervención de Cataluña

Estas exigencias de Ciudadanos, y en otras oportunidades del PP, están guiadas, a juicio de Celaá, por «intereses electoralistas» y no por buscar una solución al desafío separatista. «No desorbitemos los temas», reclamó la portavoz. El Tribunal Constitucional, explicó, delimitó el terreno en que se debe aplicar esa disposición legal y en qué circunstancias debe activarse. Las resoluciones, además, no son leyes, son proposiciones no de ley, que pueden tener valor político pero en absoluto fuerza legal.

En julio pasado, la corte de garantías determinó que el 155 es un resorte «excepcional» y un «último recurso», una herramienta jurídica solo aplicable en situaciones de extrema gravedad, pero no para conflictos ni discrepancias ordinarias. Estableció además que el período de vigencia de la medida nunca podrá ser ilimitado. Con las resoluciones del Parlamento de Cataluña no se da ninguno de los supuestos para recurrir al 155. El día que concurran, al Gobierno de Sánchez no le temblará el pulso para activarlo, apostilló la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

La portavoz niega que haga electoralismo desde la mesa del Consejo de Ministros

Isabel Celaá, interrogada sobre la irrupción de Íñigo Errejón en la contienda electoral, respondió que «el PSOE sale a ganar las elecciones». Una pregunta posterior sobre el uso partidista de la Moncloa con ese tipo de contestaciones, enfadó a la ministra. «Es una obviedad» que la portavoz del Gobierno diga eso porque el PSOE es el partido que sustenta al Ejecutivo, intentó explicarse. Además, añadió, es «muy subjetivo» que ese comentario pueda interpretarse en clave electoral.

Pero en vista de que sus explicaciones no eran muy convincentes, planteó a los informadores que no le hicieran preguntas sobre fuerzas políticas en sus comparecencias posteriores a la reunión del Consejo de Ministros o bien que ella no las conteste, aunque podría interpretarse como «una grosería». «Podemos elegir cualquiera de las dos, pero vamos a acordarla», comentó sin disimular su malestar.

No es la primera vez que Celaá hace comentarios sobre otras fuerzas políticas en sus conferencias de prensa semanales en la Moncloa. Anteriores portavoces del Gobierno, como Soraya Sáenz de Santamaría, sorteaban las preguntas en ese sentido con el argumento de que desde el Consejo de Ministros no contestaban a ese tipo de cuestiones o que eran asuntos que no se habían abordado en la reunión del gabinete. Sáenz de Santamaría capeó de esa manera innumerables preguntas incómodas sobre la corrupción en el PP por el 'caso Gürtel'. Unas evasivas que, por otra parte, motivaron ácidas críticas a la vicepresidenta por no salir en defensa de su partido.