El Gobierno constata «una agenda de normalidad» y anuncia nuevas reuniones con la Generalitat

La minsitra Batet, antes de comparecer hoy en la comisión de Política Territorial. /Efe
La minsitra Batet, antes de comparecer hoy en la comisión de Política Territorial. / Efe

Batet avanza en el Congreso la próxima retirada de recursos a leyes catalanas de contenido social

María Eugenia Alonso
MARÍA EUGENIA ALONSOMadrid

El Gobierno socialista desoye las provocaciones del soberanismo y sigue con su hoja de ruta para reconducir la crisis en Cataluña. Frente a la llamada a la agitación social de Quim Torra, el Ejecutivo de Pedro Sánchez continuará con su política de distensión, desplegando una «agenda de normalidad» con la Generalitat. Prueba de ello es la reunión mañana entre el secretario de Estado de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor, y la portavoz del Govern, Elsa Artadi. La cita, que será en Madrid, servirá para que ambas partes coordinen las agendas para los próximos meses, un periodo en el que está prevista un encuentro, todavía sin fecha, entre Sánchez y Torra.

El viernes se producirá otro encuentro entre ambos equipos en el que se abordará la transferencia de materias a la Generalitat que quedaron pendientes de 2011 y desistimiento de los recursos que presentó ante el Tribunal Constitucional el Gobierno de Mariano Rajoy sobre algunas leyes catalanas como la de la . La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha asegurado hoy, durante su comparecencia en el Congreso, que los recursos de inconstitucionalidad que afecten a «cuestiones sociales» son prioritarios.

Precisamente, el pleno del Congreso debatirá este jueves la convalidación del decreto ley de restitución de la sanidad universal, y Esquerra Republicana y PDeCAT han comprometido su apoyo a que el Gobierno retire el recurso contra la norma catalana para la universalización de la atención sanitaria. Batet ha explicado que la mera entrada en vigor del real decreto «abre la puerta al desistimiento en los recursos planteados frente a las leyes autonómicas».

Optimismo

La ministra ha acudido a la Cámara baja para explicar los pormenores de la reunión Estado-Generalitat que tuvo lugar el pasado 1 de agosto, la primera en los últimos siete años. Ante sus señorías, ha reconocido que «no fue fácil» confeccionar el orden del día -el Govern exigió hablar de presos y de autodeterminación— y que hubo «muchos desencuentros» entre las partes. Pero Batet se ha mostrado optimista porque cree que la Generalitat ha asumido «ir más allá de sus reivindicaciones soberanistas» para entrar «en una discusión sobre sus posibilidades de actuación en el marco constitucional y como gobierno autonómico».

«Hay más resultados en cien días de Gobierno socialista que en siete años de gobiernos del PP», ha subrayado la titular de Política Territorial, quien, sin embargo, ha pedido «tiempo» y ha negado «soluciones milagrosas» a la crisis política e institucional. De ahí que haya reclamado el esfuerzo de ambas partes y de todas las fuerzas políticas «de esta Cámara y del Parlament».

Separación de poderes

Durante la comparecencia, Esquerra y el PDeCAT han exigido a Batet que el Gobierno intervenga en la causa judicial contra los políticos independentistas que encabezaron el desafío dando instrucciones a la Fiscalía General del Estado para revertir las acusaciones de rebelión y sedición. «Será muy difícil para el republicanismo catalán poner grasa en los engranajes si ustedes no corrigen su posición repecto a la judicilizacion», ha incidido Tardá.

Sin embargo, la ministra ha cerrado esa posibilidad rechazando cualquier injerencia en el proceso judicial y defendiendo la separación de poderes. Y ha dejado claro ante los portavoces soberanistas que hay cuestiones que no han sido aceptadas ni serán aceptadas en un futuro, como la existencia de presos políticos o la autodeterminación.

Batet ha expuesto el convencimiento del Gobierno de que hay «un espacio constitucional» en el que se puede «integrar» a los dos millones de personas que votaron por la independencia en Cataluña y en el que se encuentren con los otros tres millones de catalanes que no votaron por la secesión.

Críticas de PP y Ciudadanos

Los portavoces de PP y Ciudadanos han acusado al Gobierno de depender de los votos del soberanismo para mantenerse a flote y le han recriminado su falta de firmeza ante los continuos desafíos de Torra. «Hemos visto cómo funciona un Gobierno débil. Los separatistas exigen que se retiren recursos de inconstitucionalidad y la ministra se compromete a abrir esa puerta», ha señalado José Manuel Villegas.

El secretario general de Ciudadanos ha censurado a Batet que le «hagan el juego» a los independentistas con reuniones bilaterales y estén tardando en aplicar de nuevo el artículo 155 de la Carta Magna.

La diputada del PP, Alicia Sánchez-Camacho, ha advertido, por su parte, que el diálogo con el Govern es «imposible» y una «farsa», por «mucho voluntarismo» que Sánchez le ponga. «Usted debería estar preparando la respuesta al desafío que preparan y no contar bilaterales que no les satisfacen», ha zanjado.

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