El Constitucional investigará la suspensión como diputados de Rull, Sànchez y Turull

Rull, Turull y Sánchez, en sus escaños del Congreso de los Dipitados./Óscar Chamorro
Rull, Turull y Sánchez, en sus escaños del Congreso de los Dipitados. / Óscar Chamorro

Estudiará si el acuerdo tomado por la Cámara baja se ajusta a la Carta Magna

CRISTIAN REINOBarcelona

El Tribunal Constitucional admitió este jueves a trámite un recurso de amparo presentado por Jordi Turull, Jordi Sànchez y Josep Rull, dirigentes de JxCat encarcelados de forma preventiva a la espera de conocer la sentencia del 'procés'. En una decisión adoptada por unanimidad, el Constitucional abre una investigación para determinar si los acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados de 24 de mayo y 11 de junio de 2019, que suspendieron como diputados a los tres líderes nacionalistas, se realizaron de acuerdo a la Carta Magna.

El Constitucional entiende que se trata de un caso de «una especial trascendencia constitucional porque plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal». «El asunto trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales», admite el tribunal de arbitraje.

Sànchez, Turull y Rull concurrieron como candidatos de JxCat a las pasadas elecciones generales y obtuvieron escaño como parlamentarios en el Congreso. Todos ellos, además de Oriol Junqueras (ERC), estuvieron presentes el 21 de mayo en la sesión constitutiva del Congreso, donde prometieron la Constitución, aunque se declararon «presos políticos». Habían recibido un permiso especial del Supremo para salir de prisión, acudir al Parlamento y recoger sus actas. Tres días después, la Mesa del Congreso les suspendió como diputados en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta norma ordena la suspensión de un cargo público en el supuesto de procesamiento por delito de rebelión, como es el caso de los dirigentes secesionistas.

A pesar de la trascendencia de la que habla el Constitucional, el Alto Tribunal no ha considerado necesario levantar su suspensión mientras toma una decisión.