El acusado del asesinato de la viuda del expresidente de la CAM será juzgado por un jurado popular

El acusado, Miguel López./Efe / Morell
El acusado, Miguel López. / Efe / Morell

La sala de lo Civil y Penal del TSJ de la Comunidad Valenciana desestima el recurso presentado por Miguel López, el único encausado por la muerte de su suegra, la que fuera esposa de Vicente Sala

EP

La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado el recurso presentado por la defensa de Miguel López, único acusado del asesinato de su suegra, Maria del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM, Vicente Sala, y confirma así que el juicio se celebrará ante un jurado popular.

La defensa de López recurrió ante el TSJCV el auto del pasado 14 de marzo dictado por la magistrada-presidenta del Tribunal del Jurado, que ya desestimaba las cuestiones previas alegadas. Ahora, en un auto del pasado día 12, facilitado por el TSJCV, la sala rechaza de nuevo esas alegaciones y confirma el auto recurrido.

López planteaba sus dudas ante la imparcialidad del tribunal que le debe juzgar debido a la trascendencia social y la repercusión mediática del caso, y consideraba que se había producido un «juicio paralelo» que, a su modo de ver, «necesariamente» podía «condicionar al tribunal».

Ante ello, solicitaba un juicio por tribunal profesional o que, en caso de ser por jurado, se celebrara en una capital provincial no valenciana. Asimismo, reclamaba que no se dieran datos a los candidatos y se les incomunicara o que se planteara una cuestión de inconstitucionalidad al entender que se conculcaba el artículo 24 de la Constitución.

La sala responde que «de antemano» se rechazan los argumentos porque aunque no se niega la trascendencia de los hechos, ello no implica que se deba «cuestionar el futuro resultado de un juicio» para el que todavía no se ha constituido el tribunal.

Además, en base a la jurisprudencia, remarca que «no basta la mera susceptibilidad» ante la notoriedad de los hechos sino que su incidencia debe valorarse a la vista del resultado del juicio.

Asimismo, estima la «total corrección» con la que la magistrada-presidenta razona por qué debe ser por jurado, y argumenta que la información que se facilita al tribunal popular es «una garantía de imparcialidad» ya que se puede valorar «eventuales causas de incompatibilidad o incapacidad». La sala rechaza «esa suerte de secuestro legal» del jurado y recuerda que solo se prevé para cuando se reúne para deliberar.

Por su parte, tacha de «inadmisible» que se pretenda tener en consideración un delito de robo, para evitar el jurado, y subraya que no estamos ante un «sistema inquisitivo» en el que el tribunal pueda elegir el objeto de la acusación. Para ello, incide la sala, están el ministerio fiscal y la acusación que han delimitado los hechos en un delito de asesinato y otro de tenencia ilícita de armas. Y precisa que el delito de robo sería «accesorio».

Señala a la defensa que, si con el robo, «pretende» dar una explicación «alternativa» de los hechos se trataría de una «tesis defensiva» que deberá introducir en el proceso.

Por último, no se admite la inconstitucionalidad que se plantea y que fue rechazada «con total corrección» por la magistrada-presidenta del Tribunal del Jurado.

Entrada y registro

Asimismo, se da validez a una entrada y registro en el domicilio del acusado por estar debidamente autorizado pese a no presentarse el letrado de la administración de justicia y expone que se trata de una «irregularidad» pero «únicamente con trascendencia en el orden procesal» que «no impedirá» por otros medios de prueba evidenciar los efectos intervenidos.

Por su parte, sobre la nulidad de los datos obtenidos del material informático intervenido y las dudas sobre la cadena de custodia, señala que es «muy difícil conseguir la presencia continua de un fedatario» mientras se procede, por ejemplo, al volcado de datos. Así, dice que debe otorgársele un tratamiento «más cercano a una prueba pericial».

María del Carmen Martínez murió de dos disparos en la cabeza en diciembre de 2016 en el concesionario de coches Novocar, que regentaba el procesado, que fue detenido por ello y enviado a prisión provisional, de la que salió tras abonar una fianza de 150.000 euros.

Tanto Fiscalía como la acusación particular, que representa al hijo de la víctima, solicitan penas de casi 25 años para Miguel López mientras que la defensa reclama la absolución porque sostiene que es inocencia.