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Uno de los detenidos ayer en Sevilla.
Detienen a otras dos personas en Alicante por el fraude de las facturas falsas de UGT-A

Detienen a otras dos personas en Alicante por el fraude de las facturas falsas de UGT-A

El Gobierno andaluz anuncia su personación en el caso como acusación particular

CECILIA CUERDO

Miércoles, 25 de junio 2014, 14:00

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La operación contra la supuesta trama de facturas falsas de UGT Andalucía acumula ya 16 detenidos, tras el arresto este miércoles de dos de los responsables de una empresa de fabricación de maletines y bolsos de Alicante. Estos empresarios habían colaborado con el sindicato para inflar o falsear facturas que el sindicato endosaba posteriormente a la Junta de Andalucía para justificar el cobro de fondos de formación para desempleados y destinar el dinero a otros fines. La Guardia Civil sostiene que esta "práctica ilícita" se mantuvo durante más de una década y "constituyó la principal fuente de financiación" del sindicato andaluz.

Los dos nuevos detenidos serán trasladados en breve a Sevilla para comparecer en el juzgado de instrucción 9, responsable de la investigación y donde hoy mismo han empezado a comparecer el resto de detenidos el martes en Sevilla, Madrid y Jaén. El juez ya ha tomado declaración a cinco de los empresarios detenidos, que han quedado en libertad acusados de falsedad, delito contra la Hacienda Pública y fraude en subvenciones. Entre los detenidos se encuentra el responsable de las finanzas y contabilidad del sindicato durante una década, Federico Fresneda, que abandonó su cargo el pasado año. Está previsto que preste declaración ante el juez a lo largo de la jornada de mañana.

Las pesquisas de la Unidad Central Operativa apuntan a que el sindicato andaluz mantuvo durante 12 años una trama para falsear facturas que luego justificaba ante la Junta de Andalucía, un sistema que se fue perfeccionando con el tiempo y que acabó convertida en la principal fuente de financiación del sindicato. La actual ejecutiva, elegida el pasado mes de enero tras la dimisión del secretario general Francisco Fernández Sevilla a raíz de este escándalo, rechazó tener ninguna contabilidad 'b' y aseguró que las denuncias por el uso de fondos públicos para gastos internos como regalos de maletines falsificados en congresos, comidas o contratación eventual de menores eran fruto de una venganza de extrabajadores perjudicados por un ERE.

Mientras tanto, la Junta de Andalucía anunció que se personará en la causa ante los posibles perjuicios para la Administración, una acción paralela al análisis de los 21 expedientes de reintegro abiertos para examinar el destino de las subvenciones concedidas al sindicato y "recuperar los fondos públicos que hayan sido indebidamente percibidos por el sindicato", indica el Ejecutivo andaluz. De momento ya hay dos expedientes en firme que reclaman el reintegro de 1,8 millones de euros.

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