El 'caso Zerrichera' llega a juicio en septiembre después de más de diez años de investigación

Terrenos donde se ubica la finca la Zerrichera, en la diputación aguileña de Tébar, junto a la autovía de Lorca. /Paco Alonso / AGM
Terrenos donde se ubica la finca la Zerrichera, en la diputación aguileña de Tébar, junto a la autovía de Lorca. / Paco Alonso / AGM

Tres ex directores generales y dos ex altos cargos de la Comunidad Autónoma afrontan penas de cárcel e inhabilitación

Miguel Ángel Ruiz
MIGUEL ÁNGEL RUIZ

Podría decirse que en el principio fue la Zerrichera, el primer gran caso de presunta corrupción urbanística en la Región denunciado por la Fiscalía. Después vendrían Novo Carthago, Umbra y otros, pero el caso de esta finca aguileña, situada en la Sierra de Almenara y destinada a albergar un complejo turístico con 4.000 viviendas, hoteles y campos de golf, destapó una forma de gestionar el territorio durante los gobiernos de Valcárcel en la que era frecuente que los espacios protegidos se pusieran al servicio de los constructores. Lo Poyo, Marina de Cope y Paramount Park son otros ejemplos, enmendados todos ellos por los tribunales.

Más de diez años después de que se iniciase la instrucción del caso tras una denuncia de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y Ecologistas en Acción -el PSOE también ejerce la acusación particular-, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial acaba de señalar fecha de juicio para el 'caso Zerrichera': comenzará el 21 de septiembre y se extenderá hasta el 9 de noviembre a lo largo de 27 sesiones en las que se dilucidará si la finca la Zerrichera fue recalificada de forma ilegal mediante maniobras impulsadas desde la administración pese a contar con varias figuras de protección: Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA), Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Área de Protección de la Fauna Silvestre.

Prevaricación y falsedad

Se sentarán en el banquillo cinco ex altos cargos de la Comunidad Autónoma: Antonio Alvarado, ex director general de Calidad Ambiental, acusado de falsedad documental y prevaricación, a quien se piden cuatro años y medio de prisión y otros tantos de inhabilitación; Juan Ignacio Sánchez Gelabert, exjefe del Servicio de Calidad Ambiental, acusado también de falsedad documental y prevaricación, que afronta una petición de cuatro años de cárcel y otros cuatro de inhabilitación; Encarna Muñoz Martínez, ex directora general de Medio Natural, acusada de un delito continuado de prevaricación por el que se le piden diez años de inhabilitación especial para empleo público; Manuel Alfonso Guerrero, ex director general de Vivienda y Urbanismo, acusado también de un delito continuado de prevaricación, a quien se pide una inhabilitación de ocho años y medio; y José María Ródenas Cañada, ex subdirector general de Vivienda y Urbanismo, acusado igualmente de prevaricación continuada y a quien se piden ocho años y medio de inhabilitación para empleo público.

A los dos únicos acusados que afrontan penas de cárcel, Antonio Alvarado y Juan Ignacio Sánchez Gelabert, se les piden además sendas multas de 40 euros diarios durante 24 y 20 meses, respectivamente.

Dónde
Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia.
Cuándo
Del 21 de septiembre al 9 de noviembre (27 sesiones).
21 septiembre a 2 de octubre
Cuestiones previas y declaración de los acusados.
3 a 17 de octubre
Testifical de las acusaciones.
18 a 23 de octubre
Testifical de las defensas.
24 de octubre a 6 de noviembre
Declaración de los peritos.
7 a 9 de noviembre
Documental.

La Zerrichera comienza a ser noticia en 2003, cuando el empresario Trinitario Casanova adquiere la finca mediante una permuta al concejal aguileño del PP José López Díaz, terreno al que añadió otros dos comprados a particulares por valor de más de cuatro millones de euros, para levantar un complejo turístico sobre 250 hectáreas en la Sierra de Almenara. Solo había un problema: era necesario recalificar el suelo. El Ayuntamiento de Águilas así lo pidió a la Comunidad Autónoma, pero la Dirección General de Medio Natural que entonces ocupaba Carlos Brugarolas emitió un informe negativo: la urbanización no era compatible con los valores naturales de un enclave habitado por la tortuga mora, el águila perdicera y el búho real.

El consistorio archivó el expediente, pero no tardó en ser 'resucitado', esta vez desde la Dirección General de Calidad Ambiental, que supuestamente urdió las maniobras necesarias para que la finca pudiese ser reclasificada como urbanizable, algo que ocurrió en 2005 en un polémico pleno municipal en el que tres concejales del PSOE se ausentaron para no votar en contra, lo que les valió la expulsión del partido.

A Alvarado, Sánchez Gelabert y Encarnación Muñoz se les acusa de utilizar «todo tipo de artimañas» para eludir los intereses generales en favor del promotor, que recibieron un empujón definitivo en Urbanismo gracias a Ródenas y Guerrero. Quedará siempre en el aire, sin embargo, la identidad del 'señor X' «con capacidad de mando», apuntado por el fiscal Juan Pablo Locano, que consiguió coordinar a dos consejerías para sacar adelante la recalificación urbanística irregular.

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