Yolanda Muñoz señaló a empleados del Puerto de Cartagena por supuestas anomalías

En su comparecencia, varios de cuyos fragmentos publica este lunes LAVERDAD en su edición digital, a preguntas de la magistrada Virginia Urrea y del fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, Muñoz, admitió su «intervención» en la elaboración y modificación de pliegos técnicos y de informes de valoración de un contrato. Pero aseguró que solo dio su «opinión» y no «instrucciones». Explicó que lo mismo hacía el resto de directivos; que se basó en sus conocimientos jurídicos y del Puerto y que actuó siempre en defensa del interés general. Muñoz, que dimitió en enero, se volcó en contrarrestar las sospechas y dudas del fiscal. Y citó al jefe del Departamento de Instalaciones, José Segura, primero imputado y luego exculpado.

Para defenderse de la acusación de haber favorecido a la empresa Salzillo Seguridad en la adjudicación del contrato de mantenimiento de seguridad, Muñoz señaló a Segura. Afirmó que, tras consultar documentación, le surgieron dudas sobre el «borrador de informe» del funcionario sobre la existencia de una baja temeraria en la oferta de Salzillo. Muñoz, defendida por el abogado Raúl Pardo-Geijo Ruiz, rechazó haber dicho a Segura, como declaró este: «Creo que [el contrato] tiene que ser para Salzillo». Según Muñoz, la conversación en su despacho fue ésta: «Yo lo único que le digo [a Segura] es: 'Tú puedes informar lo que tú consideres conveniente, pero tienes que justificarlo mejor. Es una baja de 97.000 euros y vamos a salir en los periódicos. Justifícalo mejor. Y luego le digo: 'Y además, es vox populi en la Autoridad Portuaria que llevas cinco años dándole el contrato, o al menos resultando adjudicataria, por más de 300.000 euros, Emurtel. Él me mira así, se descompone, coge el informe y me dice: 'Bueno, voy a ver'».

El fiscal preguntó a Muñoz si tenía pruebas documentales de ese supuesto ilícito. Y ella respondió: «Pues no, pero la verdad es que era vox populi y después he comprobado que es verdad. Yo le dije: 'Oye, que estás dándole a Emurtel'».

La investigada alegó que, finalmente, Segura emitió un informe favorable a la oferta de Salzillo. Y justificó esta y otras intervenciones verbales y escritas, como correos electrónicos a subordinados, por su experiencia en la Comunidad Autónoma.

Sobre la contratación del nuevo jefe de explotación del Puerto, Muñoz aseguró que su «intervención» en la modificación de las bases se debió a que «el perfil que se buscaba era el más amplio posible»: no un experto portuario, sino adiestrado en infraestructuras para impulsar «los dos proyectos estrella» del Puerto: Barlomar, es decir la ampliación de Escombreras, y la conexión ferroviaria con el Corredor Mediterráneo y Madrid.

Asimismo, afirmó que es «imposible» que ordenara dar la plaza a Borja Fernández-Pacheco o maniobrar para ello. No lo conocía ni a él ni a su hermano Ramón, exalcalde de Almería y consejero de la Junta de Andalucía por el PP, salvo «por los periódicos». E ignoraba el informe de Recursos Humanos acerca de que no alcanzó los 25 puntos exigidos. También negó que instara a cambiar los requisitos de acceso al puesto, las puntuaciones y las preguntas en la fase de evaluación subjetiva.

Según dijo, de las entrevistas se ocupaban el tribunal y una firma de recursos humanos. Lo hizo Barraise, cuya administradora, Susana García, según el fiscal y el Comité de Empresa (UGT y CC OO se personaron como acusación popular) es «amiga de la presidenta y compañera del máster para directivos AMP». Muñoz achacó la dimisión del presidente del tribunal, Pedro Arenas, a «presiones enormes» del jefe de Recursos Humanos, Alfredo Fresneda, y de Martín Jáuregui, jefe de Proyectos y Obras, para que éste ganara la plaza.

Cuestionada por la jueza, Muñoz reconoció que el Puerto encargó a Compás Comunicación diseñar la Semana Cultural Vive tu Puerto sin la debida licitación. Pero descargó la responsabilidad en su jefa de Relaciones institucionales, Encarnación López, y en Fresneda, por no seguir sus instrucciones de tramitar un contrato menor. Añadió que la compañía la buscó Fresneda y que, tras presentar ella el evento públicamente, ambos le informaron del «problema» de que había que tramitar un contrato mayor. Para «subsanar» el «entuerto», pocos días antes de las actividades, consultó a la Abogacía del Estado. Entre otras soluciones, afirmó, se pudo «haber fraccionado» el encargo. Pero se optó por sacar un concurso público de 34.000 euros más IVA.

El fiscal se refirió a una grabación realizada a Yolanda Muñoz, donde esta dice: «Sobre los contratos de la Policía, la instrucción mía la tenéis clara también para la hija de Agustín. O Agustín cambia de actitud o no tengo por qué tenerla, tengo a otro. Es que no quiero, tiene que venir aquí a pedirlo de rodillas».

Lozano le preguntó por qué no firmó el contrato de agente de la Policía Portuaria de la hija de un sindicalista, primera en la bolsa de trabajo, y sí otros cuatro. Muñoz negó que tuviera «manía» a Agustín y contestó que cuando el director general, Fermín Rol (que declarará como imputado este mes), le informó de «errores» en la lista, fortuitamente le faltaba por firmar el contrato de esa mujer e intentó suspenderlos todos, sin éxito. Añadió que la jurídica del Puerto y presidenta del Comité de Empresa, Isabel Rosique (UGT), y Alfredo Fresneda le presionaban, diciéndole: «Esto tienes que firmarlo, te has dejado sin firmar el contrato de Mercedes, que es la hija de Agustín». Muñoz insistió en que se resistió y que, tras el control de legalidad, firmó el contrato.

El abogado Pardo-Geijo Ruiz aportó documentación para «acreditar las manifestaciones» de Muñoz y manifestó a LA VERDAD que hay «sobradas razones» para que pronto sea exonerada.