Detenida una vecina de 50 años por provocar un conato de incendio en Yecla

La detención se produjo sobre las dos de la tarde, cuando un vecino avisó a la central de la Policía Local del comienzo de un incendio en una zona de abundante matorral. Inmediatamente, una patrulla se personó en el lugar. Allí, una vecina explicó a los agentes el sitio exacto dónde se encontraba el origen del fuego. Los agentes procedieron a apagar el inicio del incendio con los extintores que tenían en los coches de patrulla hasta la llegada minutos después de los bomberos, que se hicieron cargo de las labores de extinción, informan fuentes municipales.

Según explicó la Policía Local, unos testigos dieron a los agentes la descripción de una persona a la que vieron merodeando por el lugar del origen de las llamas. «De los datos aportados por los testigos, resultó que se trataba de la mujer que había indicado a los agentes el lugar exacto del inicio del incendio», aseguran desde este cuerpo.

Los agentes iniciaron una búsqueda para tratar de localizar a la mujer. Tras encontrarla, fue arrestada. Esta persona, según los datos que ha facilitado este cuerpo de seguridad, curiosamente tiene su domicilio en la zona donde se produjeron varios incendios en las últimas semanas. La detenida fue puesta a disposición de la Comisaría de la Policía Nacional de Yecla, que será la encargada de continuar con la investigación.

El trabajo que ahora tiene la Policía es determinar si la arrestada tiene implicación en los incendios ocurridos hace unos días en dicha zona. En uno de ellos, tal y como adelantó 'La Verdad', los efectivos tuvieron que desalojar a una decena de vecinos ante el peligro de que las llasmas pudieran llegar a las casas, que se localizaron en la ladera del Cerro del Castillo. En este suceso ardieron unos 1.500 metros de matorral y pinos.

La rápida intervención de medios terrestres y aéreos del servicio de extinción de incendios de la Región evitó males mayores. El delito de incendios está enmarcado dentro de los que atentan contra la seguridad colectiva y contempla penas que oscilan entre los seis meses a los cinco años de prisión.