El Consistorio instalará 40 cámaras en la calle para elevar la seguridad con el respaldo vecinal

La Delegación del Gobierno da luz verde a los dispositivos de vigilancia y de mejora en la gestión del tráfico

ÁNGEL ALONSO

Luz verde tanto de la Delegación del Gobierno en la Región como de los vecinos para la instalación de más cámaras de seguridad en distintos puntos de la ciudad. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Yecla destinará 200.000 euros de la partida de inversiones en los Presupuestos municipales de 2019 para la instalación de 40 cámaras destinadas al tráfico y a mejorar la seguridad ciudadana.

La encuesta de presupuestos participativos, donde se preguntaba a los vecinos sobre la necesidad o no de aumentar estos sistemas de videovigilancia, ha arrojado un apoyo masivo a su instalación. El 75% de los que participaron en el sondeo de opinión por internet consideran que son necesarias estas medidas de seguridad, según los datos aportados por el alcalde, Marcos Ortuño.

La mitad de las cámaras se destinarán a observar el tráfico en las calles y la otra mitad a vigilar las zonas más sensibles donde se cometen habitualmente actos vandálicos, que cuestan a las arcas municipales unos 100.000 euros al año. Si bien no se ha presentado todavía el plan de seguridad que es la base de esta adquisición de los dispositivos de vigilancia, sí que se plantea la ubicación de cámaras en zonas como el castillo, la plaza del Ayuntamiento, el jardín municipal o zonas infantiles.

«Debemos primar la seguridad ciudadana ante un vandalismo creciente», aseguró el regidor municipal, quien no considera que esta medida suponga un ataque a la libertad o la privacidad de las personas.

Las cámaras estarán conectadas con la jefatura de la Policía Local donde se instalará una sala de control. Eso permitirá, por ejemplo, que los agentes acudan con mayor celeridad a incidencias de tráfico en el casco urbano o la identificación de los causantes de actos vandálicos. Fuentes de la Policía explican que estos sistemas sirven generalmente como elementos disuasorios para los que van, por ejemplo, a destruir mobiliario público.

Además de la factura que supone para las arcas municipales, los actos vandálicos son uno de los principales problemas de preocupación e indignación para los vecinos de la localidad. La última «hazaña» de desconocidos supuso la rotura el pasado 6 de enero del árbol navideño de grandes dimensiones que contrató el Consistorio a una firma privada.

 

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