Vélez pide el archivo de sus cargos en la causa de la plaza de toros de Calasparra
Su defensa sostiene que los hechos no constituyen ningún delito y que la acusación particular actúa «por motivos partidistas»
El secretario general del PSRM, José Vélez, reclama al juez que archive los cargos que pesan sobre él en la causa por la adjudicación de la explotación de la plaza de toros de Calasparra desde 2017 a 2019. Su abogado defensor, Raúl Pardo-Geijo Ruiz, ha remitido un escrito al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Caravaca de la Cruz remarcando que los hechos que se investigan «no son constitutivos de delito alguno» y denunciando que la acusación particular -que ejerce el letrado Juan Rigabert en representación de los concejales Carlos Alajarín, de Ciudadanos, y Alonso Torrente, de Calasparra Viva- actúa «por motivos partidistas».
En el documento, al que LA VERDAD ha tenido acceso, esta parte sostiene que el Ayuntamiento de Calasparra suscribía convenios con la mercantil Chipé porque «es esta empresa la que disponía en exclusiva de la plaza de toros por contrato privado de gestión con la dueña -La Caverina.-». El Consistorio, subraya, paga a la mercantil 30.000 euros en 2017 y 37.000 euros en 2018 en virtud de esos convenios. El letrado de Vélez hace hincapié, en su escrito, en que "si no se hubiesen firmado esos convenios con Chipé "no se habrían celebrado las fiestas pues era ella la que tenía arrendada la plaza (...) y además la que disponía la ganadería precisa así como los contactos suficientes para promocionarlas".
A mediados de 2019, ante las desavenencias entre Chipé y La Caverina, fundamenta la defensa de Vélez, el Ayuntamiento decide intervenir para que puedan celebrarse los eventos de las fiestas y la Feria Taurina pues, pese a ser eventos privados, «su interés público está fuera de toda duda». Además, sostiene esta parte, Chipé, cuando rompió la relación con La Caverina, "ya había desplegado desde inicios del año 2019 toda la gestión del evento". Pardo-Geijo explica, además, en el elevado precio que la ganadería tenía ese año y en la urgencia el importe de 15.000 euros más IVA que se fijó en un contrato menor suscrito entre la empresa y el Consistorio. "Tal pacto no suponía, en modo alguno, un perjuicio para la Administración", subraya la defensa. "Si alguien resultó perjudicado de los convenios o del contrato menor realizado fue, precisamente, la mercantil Chipé", que, según esta parte, llegó a asumir un sobrecosto.
