Valoran en 515.000 euros los daños por la ocupación ilegal de la playa por un restaurante

José Hernández. /E. Botella/ aGM
José Hernández. / E. Botella/ aGM

El antiguo alcalde de San Javier, José Hernández, imputado por 'Valhalla', fue quien puso en marcha el local pese a invadir el dominio público marítimo

EFE SAN JAVIER

El Ayuntamiento de San Javier ha valorado en 515.000 euros los perjuicios públicos que se derivan de la ocupación del dominio público en una playa de La Manga del Mar Menor por parte de un restaurante propiedad de quien fue alcalde de dicho municipio, José Hernández, del Partido Popular, y del empresario Jaime Vicente. Ambos figuran entre la veintena de encausados por un juzgado de instrucción de San Javier por su presunta vinculación con un caso de corrupción conocido como 'Operación Valhalla'.

Esa valoración efectuada por el Consistorio ha sido emitida a instancias de la magistrada que dirige la investigación, que fue iniciada en 2008. La instructora instó a los técnicos municipales a que le remitieran el resultado del expediente abierto contra los propietarios del mencionado restaurante y a cuantíficar los perjuicios que esa ocupación ilegal del dominio público marítimo habría supuesto para el bien común.

El documento de respuesta del Ayuntamiento de San Javier señala que la valoración ha sido realizada teniendo en cuenta que el dominio público utilizado es de 447 metros cuadrados y, asimismo, en base a la tasa por ocupación privativa del dominio público local.

Esa valoración corresponde a los años comprendidos entre 2007 y 2019, según se añade en el documento municipal, pues es el periodo de tiempo en el que ese establecimiento ha estado funcionando con esa ilegalidad.

También a requerimiento judicial, los servicios municipales han remitido el expediente sancionador abierto a la empresa propietaria del local, ubicado en el Mar Menor.

Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 1 de San Javier se ha dirigido a seis entidades bancarias para que le remitan los extractos de las cuentas correspondientes a Hernández y a una empresa constructora entre los años 2003 y 2006.

Estas diligencias, que se centran en presuntos delitos de prevaricación, malversación, cohecho y tráfico de influencias, entre otros, tratan de esclarecer si el entonces alcalde José Hernández favoreció a varios grandes promotores de la comarca con los que estaba asociado en negocios de restauración e inmobiliarios.