Entre el 'escaño' y el banquillo

«Tengo conocimiento de los hechos a través de una de las partes. Si se me requiere para dar esa información en la Fiscalía, lo haré. Sé que me puede caer una denuncia, pero llevaré el tema al Pleno y la alcaldesa tendrá que explicar qué ha hecho con eso y con los contratos de su hija».

En mayo de 2011, el entonces candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Alcaldía de Cartagena y ahora concejal por esta formación José López respondía así en una entrevista con 'La Verdad' a la pregunta de si podía probar con papeles las afirmaciones que acababa de realizar sobre el presunto favoritismo de la alcaldesa, Pilar Barreiro (del PP), en un 'pelotazo' urbanístico en Torreciega (Frigoríficos Balsalobre) al exalcalde José Antonio Alonso (PSOE). Al ser interrogado acerca de su alusión a la hija de la regidora, López se refirió a la supuesta devolución de favores por parte de Alonso mediante gestiones para 'enchufar' a aquélla en el Festival La Mar de Músicas y en Telefónica, de forma directa y a través de uno de sus hermanos.

Durante la campaña de las elecciones municipales y ya en el ejercicio de su cargo, López amplió sus denuncias públicas y críticas sobre el perjuicio que en su opinión ha supuesto para los cartageneros la gestión urbanística de Barreiro, por estar volcada en favor de Alonso, tanto a través de recalificaciones urbanísticas como en la falta de control sobre el barrio universitario.

Casi tres años después, López se encuentra a mitad de camino entre su 'escaño' del Pleno municipal y el 'banquillo' de un juzgado. En su estrategia de acudir a la Fiscalía por el barrio universitario y llevar sus denuncias y sospechas al Pleno, a efectos legales y en algunos aspectos también a nivel político ha visto respaldada su estrategia. Aunque el Ministerio Público archivó su denuncia (y la de Izquierda Unida-Verdes y Democracia Real Ya -DRY-) sobre irregularidades en la adjudicación del proyecto de regeneración de la zona a Puerta Nueva, lo ha hecho en parte por motivos formales. Los posibles indicios de prevaricación hallados en la decisión del Consejo de Administración de Casco Antiguo (formado en 2002 por PP, PSOE e IU) de dar el contrato a Puerta Nueva tras un debate abierto por «iniciativa» de Barreiro pese a un informe favorable a Ferrovial han prescrito al pasar más de diez años.

La Fiscalía también ha descartado el delito en la ausencia de liquidaciones por valor de 3,5 millones de euros en favor al Ayuntamiento de 2007 y 2010, pero ha resuelto que la corporación actúo con «dejadez» al no reclamar el dinero pactado por las plusvalías generadas con la venta de casas. Lo que sí ha rechazado de plano el Ministerio Público es el alzamiento de bienes por valor de 9,8 millones de euros por parte de los socios de Puerta Nueva denunciados por MC, IU y DRY.

Otro tanto a favor del empresario cafetero López es que la Fiscalía ha abierto una investigación para aclarar si la alcaldesa presionó al promotor Gerardo de la Torre para que vendiera terrenos situados junto al colegio Hispania a un grupo empresarial en el que estaba el exalcalde Alonso, y si éste pidió dos comisiones de 100 millones de pesetas cada una al citado empresario por el desarrollo de ese suelo y por lograr que el Ayuntamiento desbloqueara las licencias de apertura del centro comercial Parque Mediterráneo.

Zinsa en el Pleno

Todo ello habría ocurrido en los años 2005 y 2006, según declaró De la Torre como testigo ante el juez que instruye la querella por injurias y calumnias presentada por Alonso contra López. Es en ese segundo ámbito, en concreto en el Juzgado de Instrucción 2 de Cartagena, donde López ha encontrado también la cal y la arena.

Lo positivo para el concejal es que el magistrado Jacinto Aresté ha archivado de forma provisional la investigación de dos de los hechos por los que Alonso ve manchado su honor y le reclama una indemnización de un millón de euros.

En un auto, Aresté concluye que «no existen indicios» de que López «sea autor material» de un artículo publicado en una revista especial editada por MC de cara a las elecciones en el que bajo el título «¿Las dos caras de la misma moneda? «se vertían imputaciones» que «en síntesis consisten en la denuncia del supuesto favorecimiento interesado por parte de la alcaldesa de la ciudad de los negocios urbanísticos en que participaría el antiguo alcalde de la ciudad, aunque son de partidos distintos».

El juez añade que tampoco se ha podido acreditar que López dirigiera la publicación o la editora, ni que hiciera las caricaturas de Barreiro y Alonso que ilustraban la portada.

Asimismo, el magistrado ha dado carpetazo provisional a las diligencias relacionadas con esta pregunta que López (quien se ha quejado de la falta de respuesta de Barreiro) hizo en el Pleno del 1 de agosto de 2011: «¿Tiene la señora alcaldesa o alguien del equipo de gobierno constancia de que el señor Don José Antonio Alonso, exalcalde de Cartagena, o alguno de sus hermanos actuaran como mediadores y/o comisionistas en la operación de compraventa de los terrenos de Española del Zinc bien a título propio o en representación de alguna sociedad mercantil en que aquellos tuvieran intereses? Queremos saber si la señora alcaldesa avaló a José Antonio Alonso como intermediario exclusivo de la operación Española del Zinc». Aresté concluye que se trata de «preguntas, no de inequívocas imputaciones, realizadas por un concejal en el ejercicio de su cargo», y que por lo tanto «no son constitutivas de delito». Y añade, en una conclusión que López considera que obliga a continuar con la investigación judicial y abrir una a nivel político: «Hay indicios suficientes de que a los trabajadores de Española del Zinc [Zinsa] les había informado una tercera persona en ese sentido, aunque ciertamente no hay elementos que corroboren esa información».

La parte negativa para el representante de MC es que el juez cree que López pudo cometer injurias y calumnias contra Alonso en lo referente a las recalificaciones de terrenos en Frigoríficos Balsalobre, los terrenos situados junto al colegio Hispania y el centro comercial Mandarache, y los contratos laborales de la hija de Barreiro. Jacinto Aresté enmarca las palabras de López dentro una serie de «imputaciones y descalificaciones» de «carácter global», y descarta que haya habido contrataciones a dedo, recalificaciones a la carta «con intención de favorecer» a Alonso en perjuicio de terceras personas, ni presiones a empresarios. Respecto a esto último, aunque la Fiscalía lo investiga, el juez no da credibilidad al testimonio de Gerardo de la Torre porque entre otras cosas «no denunció en su momento» [De la Torre alegó que tenía miedo a represalias].

Más testigos, vista o archivo

A través de sus abogados, el concejal ha presentado ya un recurso en el que pide continuar con la instrucción porque considera que ha sido interrumpida de forma «arbitraria», al no practicarse diligencias como interrogatorios de testigos aprobados por el propio juez y no resolverse si deben hacerse otros; que falta de motivación del auto, por no concretar qué expresiones serían injuriosas o calumniosas; que no se ha tenido en cuenta que López ha acreditado cuáles son sus fuentes de información, y que en consecuencia no ha actuado con temerario desprecio a la verdad como pretende Alonso; y que se han obviado las investigaciones de la Fiscalía ni en cuanto a la adjudicación a Puerta Nueva, de la que Alonso fue representante y portavoz, ni sobre Gerardo de la Torre.

Conforme a la petición del juez, en los próximos días la Fiscalía pedirá abrir juicio oral contra López por medio de un escrito de acusación, realizar nuevas diligencias o archivar el caso. Asimismo, a la vista de la postura del querellado y del fiscal, los abogados de Alonso concretarán su acusación contra López.