En busca de una cama

Asociaciones y sindicatos reclaman más centros de cuidados intermedios para evitar atascos en los hospitales

DANIEL ROLDÁNMADRID.

El presidente de Canarias fue el primero, y hasta ahora el único, en denunciar un hecho que se está produciendo en todas las comunidades autónomas con más o menos incidencia. Paulino Rivero afirmó que había 400 personas abandonadas en los hospitales isleños con el alta otorgada por los médicos y que esas camas las podían estar usando enfermos crónicos y agudos. Pero esos 'okupas' hospitalarios permanecen ahí, bajo el cuidado de los profesionales sanitarios y la manutención de los fondos públicos, porque sus familiares no van a recogerlos por muy diversos motivos. El fundamental, el económico. «La situación social y familiar, en muchos casos, es dramática», asegura Carlos Amaya, del sindicato CSIF. A este problema se le añade otro: el cierre de camas por parte de las administraciones.

El problema es mayor en Canarias, debido a que los servicios asistenciales posteriores se tenían que desarrollar por la ley de dependencia, pero esto no se ha hecho. «Son los peores servicios sociales de España, junto a la Comunidad Valenciana, y es la región, con Murcia, que peor ha desarrollado la ley de la dependencia», afirma con rotundidad José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. La suma de la falta de desarrollo de esta normativa y la ausencia de camas crea un «cuello de botella», como afirma Amaya, que provoca situaciones como la de los centros de salud canarios.

En España, hay 125.649 camas en los 452 hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS), según las cifras del Ministerio correspondientes a 2011, último año del que hay datos. Sin embargo, solo se usan 113.518, a pesar de las aglomeraciones estacionales como la actual de la gripe o las peticiones de los diferentes sectores para que se habiliten para crónicos o, de no habilitarse, que se den soluciones fuera de estos recintos como los centros de cuidados intermedios, especializados en dar a los crónicos las medidas paliativas que sus enfermedades requieren y en todas las dolencias relacionadas con las demencias o la salud mental.

Unos lugares que cada vez van a ser más demandados porque «la población es más mayor», apunta Ramírez. Según el Instituto Nacional de Estadística, los españoles mayores de 65 años serán 16 millones, un tercio de la población, en cuatro décadas.

«Es fundamental el desarrollo de la ley de dependencia, que no se produzcan más recortes y que el Gobierno apoye al sector», indica el presidente de los gerentes de residencias. «Es un cuello de botella», repite Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). «Menos camas, menos personas que tienen reconocida una dependencia y menos subvenciones para los centros sociosanitarios. Esto no es la solución», afirma Sánchez, que critica la escasez de camas que constató en su último informe la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). España tiene para los enfermos agudos -de duración menor a tres meses- dos camas por mil habitantes, mientras la media de la organización es de 3,4.

La falta de desarrollo de estos centros intermedios provoca que su labor la hagan los hospitales de enfermos agudos. Y eso tiene un coste. Según un estudio de la Fundación Edad&Vida, en 2012 existían 5.281 camas de hospitales generales para agudos ocupadas por enfermos que podían estar en otros centros. Si estuvieran en un centro sociosanitario intermedio, las arcas del SNS se ahorrarían 1.500 millones. «Los crónicos cuestan al día unos 550 euros por cada cama hospitalaria. Si estuvieran en una residencia costarían 50 euros», afirma con rotundidad Ramírez.

Por su parte, PricewaterhouseCoopers, en su análisis del SNS ('Diez temas candentes de la sanidad española para 2013'), aboga por un plan nacional que fije la relación con los centros de agudos, el modelo de financiación de la ley de dependencia y su profesionalización o la colaboración pública y privada.