El Pacto del Tajo blinda el Trasvase, pero no dice cuánta agua llegará en caso de sequía

Después de treinta y cinco años llenos de conflictos territoriales, el Trasvase Tajo-Segura ha entrado en una nueva etapa por partida doble. Ha puesto de acuerdo por vez primera a las cinco regiones cedentes y receptoras, todas gobernados por el PP, que ayer sellaron con el ministro Miguel Arias Cañete el acuerdo que garantiza la continuidad del acueducto. En paralelo, el Trasvase tendrá rango de ley porque los envíos de agua no eran hasta ahora un derecho reconocido y se autorizaban de forma discrecional. Quedará fuera del control de la Confederación del Tajo y se alojará en el PHN. Solo con este refuerzo normativo, los regantes del Segura creen que «han merecido» la pena las negociaciones de los últimos meses para recibir compensaciones a cambio de la nueva reserva no trasvasable de 400 hectómetros.

Para los gobiernos implicados y el Sindicato de Regantes del Trasvase ha sido un «día histórico» al quedar recogido el Memorándum en la ley de Evaluación Ambiental que se tramita en el Congreso y que puede estar aprobada en diciembre.

En el otro platillo de la balanza, el documento no concreta qué volúmenes se podrán enviar a la cuenca del Segura cuando los embalses de cabecera estén en situación hidrológica excepcional, lo cual es habitual. Se trata del Nivel 3 de las reglas de explotación. Dichos caudales se fijarán en un real decreto posterior. Ha sido el principal punto de discusión en los últimos días y donde los regantes han puesto mayor énfasis, según manifestó ayer el presidente del Sindicato, José Manuel Claver.

El Consejo de Ministros ya no decidirá los desembalses en situaciones excepcionales, sino que quedará bajo el criterio y decisión del ministro. En estos casos, y a expensas del decreto sobre el Nivel 3, los desembalses no serán automáticos cuando se superen los 400 hectómetros, sino que quedarán bajo la discrecionalidad del ministro,

Un segundo decreto decidirá también cómo se controla la salida de agua para los usos propios de la cuenca del Tajo, lo cual determinarán unos valores mensuales de referencia. Se mantiene el máximo trasvasable de 600 hectómetros cúbicos anuales para el Segura y otros 50 para el Guadiana. Claver señaló que la cuenca del Segura debe tener prioridad frente a la del Guadiana cuando haya que repartir los recursos, aunque reconoció que este punto no se ha resuelto.

El acuerdo contiene todos los puntos avanzados por 'La Verdad', como la liberalización de los bancos de agua y la eliminación de la 'disposición Narbona' que cambiaba caudales del Tajo por desalinizadoras.

La reserva, en segundo plano

Claver compareció en rueda de prensa con los vicepresidentes del Sindicato y comentó que ni en sus «mejores sueños» podía esperar que el texto fuera suscrito por las regiones, en especial Castilla-La Mancha. «Hace años se hablaba de ponerle una fecha de caducidad al Trasvase y ahora se consolida con rango normativo. Que se tramite por ley denota que el acueducto es de interés general del Estado. No hay vencedores ni vencidos. No queremos guerras». Dijo que esta ley proporcionará estabilidad y seguridad al Trasvase, que es el objetivo principal.

Añadió que «el partido aún no ha terminado» porque faltan los dos decretos, y avanzó que no retirarán las alegaciones contra el Plan del Tajo hasta que todo lo acordado aparezca en el BOE. El Sindicato, no obstante, no se mostró ayer preocupado por la reserva de 400 hectómetros y dijo que no afectará a los consumos.

Claver indicó que el nuevo PHN debe recoger nuevas transferencias para completar la dotación del Tajo-Segura. Lamentó que algunos contenidos «no tengan la fuerza legal que nos hubiera gustado y pueden plantear alguna cuestión oscura», en referencia a los desembalses en épocas de fuerte sequía.

Tras escenificar el pacto con los consejeros de Murcia, Comunidad Valenciana, Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha, el ministro dijo que este consenso pone fin a las disputas políticas en torno al agua, asegurará la sostenibilidad del sistema y tendrá rango de ley. «Se coloca negro sobre blanco para que sea desde el criterio técnico, científico y riguroso como se hagan las cosas».