Varapalo del TSJ al Ayuntamiento al anular un trámite de Novo Carthago

La Justicia tumba el proyecto de reparcelación de la macrourbanización, porque no recoge unas propiedades de una comunidad de regantes

J. A. G. CARTAGENA
Invitados a la presentación de Novo Carthago, ante la maqueta del proyecto. :: A. Gil / AGM/
Invitados a la presentación de Novo Carthago, ante la maqueta del proyecto. :: A. Gil / AGM

Mientras en la vía penal trata de aclarar las posibles responsabilidades de cargos políticos y funcionarios por los supuestos delitos de prevaricación y vulneración de las leyes de ordenación del territorio protegido en la tramitación del proyecto Novo Carthago, en la vía administrativa el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) acaba de dar un varapalo al Ayuntamiento de Cartagena por este mismo asunto.

En una sentencia conocida ayer, la Sala de lo Contencioso del TSJ ha anulado el decreto municipal de mayo de 2007 por el que aprobó el proyecto de reparcelación de esta macrourbanización de 10.000 viviendas, dos hoteles y un campo de golf en San Ginés de la Jara, junto al Mar Menor y la finca Lo Poyo.

La resolución confirma una anterior de un juzgado de Cartagena, que ordenó devolver el expediente al momento en que se debieron recoger unas propiedades de la comunidad de regantes de la zona. La sentencia estimó también de forma parcial el recurso de otros tres propietarios de terrenos.

Los regantes habían alegado que la distribución de los solares aprobada de forma definitiva por el Ayuntamiento no contemplaba varios caminos de su titularidad que atravesaban el espacio afectado.

La Sala rechaza los recursos presentados por la empresa Hansa Urbana, promotora del proyecto, el Ayuntamiento y dos particulares contra esa primera sentencia.

El TSJ sostiene que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cartagena, en su resolución de julio de 2012, estimó íntegramente el recurso de la comunidad de regantes contra el decreto de la Gerencia de Urbanismo y contra la resolución posterior de la Junta de Gobierno Local que mantuvo la reparcelación aprobada.

El fallo judicial, que se ve confirmado ahora, imponía retrotraer las actuaciones municipales para que se recogieran las demandas de los regantes y el aprovechamiento urbanístico que les correspondía.

En cuanto a la apelación de la empresa, ésta planteó la existencia de una contradicción entre lo declarado por el juez y lo que se desprendía de las actuaciones llevadas a cabo, así como un error en la apreciación de los hechos y una valoración «arbitraria, irrazonable o ilógica de la prueba». Al desestimar sus alegaciones, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia indican que aquéllas deben ser planteadas por la vía administrativa, aprovechando el cauce abierto con la decisión judicial de retrotraer el expediente.

Este diario solicitó al Gobierno municipal información sobre la repercusión de la sentencia (contra la que no cabe recurso) y cómo la evalúa, pero no hubo respuesta.

La Comunidad y la UE

Según fuentes municipales, el trámite al que se refiere la sentencia es un paso previo al proyecto de urbanización, que todavía no ha sido aprobado de forma definitiva. El trámite anterior al ahora anulado, llamado Plan Parcial, también fue objeto de un recurso contra el Ayuntamiento. Lo interpuso la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), pero el TSJ dio la razón el Consistorio por un defecto de forma en febrero de este año.

Uno de los escollos actuales es cómo se concretará lo relativo a la restauración del humedal de Lo Poyo. En su día, se estableció la obligación por parte de la empresa de descontaminar de los metales pesados procedentes de la minería la parte del saladar que se veía afectada por el campo de golf.

Al retirarse del plan esa zona protegida por exigencias de la Unión Europea, la Administración entendió que tampoco había lugar ya a la obligación de restaurar el humedal. El argumento es que éste no genera ya a la promotora un beneficio en forma de edificabilidad en otra zona de este residencial.

Aunque el nuevo Plan General de Ordenación Urbana abre la puerta a esta posibilidad, el proyecto de urbanización (que necesita el visto bueno del área de medio ambiente de la Comunidad Autónoma) aún no ha sido aprobado de manera definitiva.

Asimismo, el propio Plan General ha sido objeto de un recurso judicial por la vía contencioso-administrativa por parte de la asociación ecologista ANSE, que considera que pasa por alto la declaración de impacto ambiental en lo relativo al humedal con una redacción ambigua sobre la zona de Novo Carthago.

Si al final no tiene que limpiar el humedal, Hansa Urbana (que compró parte de los terrenos con un préstamo de la antigua CAM de 95 millones de euros) evitará un gasto de unos 31 millones. Queda la duda de si el saladar quedará sin descontaminar o si el coste tendrán que asumirlo los ciudadanos a través de sus administraciones públicas.

Conexiones con Marbella

La empresa calculó en 7,11 millones el desembolso para la limpieza del 23% del paraje, ya que la zona restante iba a ser restaurada por los promotores de otra urbanización: la de Lo Poyo. Sin embargo, la Unión Europea indicó en varios informes que sería necesario restaurar de forma íntegra todo el saladar. Y eso elevó la factura en unos 23 millones.

Hansa contaba con que el 77% del suelo iba a ser restaurado por los dueños de la finca anexa, pero el Gobierno regional suspendió los planes de urbanización por las conexiones de los propietarios con el caso de corrupción en Marbella.

El proyecto también es polémico porque la empresa tiene pendiente la restauración completa del monasterio medieval de San Ginés de la Jara.